Tres de cuatro intervenciones a Salta desplazaron a gobiernos reformistas

noviembre 26 /2013
Gregorio Caro Figueroa

El pasado jueves 21 de noviembre, se cumplieron 52 años de la interrupción del mandato de Bernardino Biella, gobernador constitucional de Salta desde el 1º de mayo de 1958. Fue desplazado por una intervención federal dispuesta por el presidente Arturo Frondizi. El pasado sábado 23, hace 38 años, ocurrió otro episodio similar cuando otro gobernador constitucional, Miguel Ragone, fue separado del cargo por decreto de la presidente de la República, Isabel Perón.

A partir del golpe que derrocó a Arturo Illia, en junio de 1966, los delegados del gobierno de facto nacional dejaron de llamarse “interventores” y pasaron a ser designados, de forma indebida, como “gobernadores”.

A lo largo de los 56 años que van desde mayo de 1918 hasta el 23 de noviembre de 1974, Salta fue intervenida cuatro veces durante gobiernos constitucionales. La primera, cuando el presidente Hipólito Yrigoyen decretó la intervención a Salta poniendo fin al primer mandato del gobernador Abraham Cornejo, del partido conservador. La última aplicación del llamado “remedio federal” se produjo el 23 de noviembre de 1974, cuando el gobierno nacional intervino los tres poderes del Estado provincial.

A esas tres intervenciones se añade la que apartó de su cargo de gobernador a Joaquín Castellanos, medida dispuesta por el presidente Yrigoyen en 1921. Aunque ambos pertenecían a la Unión Cívica Radical, Castellanos no ocultó nunca sus diferencias con Yrigoyen y tampoco disimuló sus simpatías por Leandro N. Alem. Castellanos había “confrontado con la conducción nacional del partido desde el Congreso Nacional” y lo siguió haciendo cuando fue gobernador de Salta, explica la doctora Luisa Miller.

De estas cuatro intervenciones federales a Salta, dos fueron firmadas por Yrigoyen. La primera, fundamentada en la necesidad de erradicar la maquinaria del fraude electoral y nepotismo, afectó al conservador Abraham Cornejo. La segunda, tres años después, cayó sobre Joaquín Castellanos, fundador de la Unión Cívica Radical en 1890, junto a Alem. La tercera, decidida por otro presidente radical Arturo Frondizi, cortó el mandato de Bernardino Biella, de la Unión Cívica Radical Intransigente, del que Biella fue dirigente.

La cuarta intervención, puso fin al gobierno del doctor Miguel Ragone, cuando solo habían transcurridos 18 de los 48 meses de duración constitucional de su mandato. Aunque con diferencias con el caso de Castellanos, y con menos parecido con el de Biella, la destitución de Ragone estuvo precedida por duros conflictos entre sectores internos del justicialismo, partido entonces gobernante. En una primera aproximación se pueden encontrar semejanzas entre estos tres gobernadores: no pertenencia al conservadorismo local, apertura a nuevos sectores sociales, reformismo social y político y cierta autonomía del gobierno nacional.

De estos cuatro gobernadores intervenidos, Castellanos es el único que tuvo actuación política y experiencia parlamentaria nacional. Nacido en 1861, criado por dos tías en Santa Fe, Castellanos fue reconocido, además, como uno de los poetas más leídos de su época y como ensayista. Los diarios salteños de esa época, opositores a Castellanos, le adjudicaron ideas “bolcheviques” y consideraron peligrosa su legislación social que se adelantó un cuarto de siglo a la del peronismo.

Biella y Ragone tienen otras afinidades. Los dos pertenecen a familias modestas y laboriosas, de origen inmigrante. Tanto Biella como Ragone asumieron como gobernadores el mes de mayo, cuando ambos cumplieron 52 años. Cuando Biella y Ragone fueron intervenidos tenían 53 años. Los dos fueron acusados de haber designado como funcionarios a “elementos marxistas”. En el caso de Biella, a esa denuncia se sumó la de haber tenido buenas relaciones con dirigentes peronistas. En esos años, la extrema derecha afirmaba la existencia de un “aparato frondicista comunista”.

Nacido en 1908, la madre de Biella era hija de colonos romanos radicados en Cafayate. Su padre, Juan Francisco Biella, era oriundo de Milán y durante 33 años dirigió la banda de música. De ese matrimonio nacieron ocho hijos, de los cuales Bernardino fue el mayor. “A temprana edad dejó los estudios para colaborar con el sostenimiento del hogar”, señala José Juan Botelli.

Ragone, nació en Tucumán en 1921 y pasó su infancia en Salta. Fue tercero de una familia también de ocho hijos. Su padre, de origen napolitano, instaló una parrillada y casa de comidas en el centro de la ciudad, en el solar en que luego se construyó el Hotel Salta. Ragone fue uno de los pocos gobernadores de Salta que no fue abogado. Se graduó de médico y en esa época había muy pocos neurocirujanos, especialidad que hizo como discípulo de Ramón Carrillo. El conservadorismo salteño fue hostil a estos tres gobiernos.

El gobierno de Castellanos, envuelto en conflictos internos, oposición de un sector de su propio partido, boicot de la legislatura provincial y enfrentamiento con el gobierno nacional, duró 21 meses. Biella pudo gobernar 28 meses, bajo el acoso de la prensa opositora, los grupos de poder tradicionales y el general Edgard Landa, jefe de la guarnición Salta. En tanto que Ragone gobernó 18 meses, con parecidos factores de poder en contra, más la intensa disputa dentro del justicialismo.

Esta fragilidad y vida efímera de gobiernos surgidos de elecciones, contrasta con la permanencia de gobiernos conservadores, a excepción del de Abraham Cornejo quien asumió su cargo en febrero de 1916 y debió dejarlo en mayo de 1918, por la intervención federal decretada por Yrigoyen. La intervención federal, más que “remedio”, fue un recurso al que apeló el gobierno nacional para dirimir conflictos políticos locales o para disciplinar la Corte de Justicia, como sucedió en el primer peronismo.

Los interventores federales no solo sustituían a los gobernadores, sino que asumían facultades legislativas y controlaban o modelaban una justicia proclive a subordinarse a los dictados del poder político. Es más: no solo los interventores podían actuar con impunidad, sino que también lo hacían funcionarios que los secundaban. Los interventores, denunció un senador a comienzos del siglo XX, “derogan leyes orgánicas, amplían presupuestos, ponen en comisión y exoneran jueces”.

“Una provincia intervenida es menos que un territorio federal, porque para el nombramiento de un gobernador de territorio federal se requiere acuerdo del Senado, y para el de un interventor la sola voluntad del presidente. Una provincia intervenida no tiene autoridades propias, autonomía, ni legislación; no tiene más que a su sátrapa, que es el interventor”, dijo sin pelos en la lengua aquel senador.

Durante 65 años (1853 a 1918), Salta fue la única provincia no afectada por intervenciones federales, a diferencia de lo que ocurrió con las otras, incluida la de Buenos Aires. Algunas provincias tuvieron hasta siete intervenciones en medio siglo. Hasta 1887, a Tucumán tampoco se le aplicó esta medida.

No consideramos aquí las intervenciones de los seis golpes militares ocurridos entre 1930 y 1976. El periodo más breve fue el gobierno de facto de 1930: duró un año y cuatro meses. A partir del golpe que derrocó a Arturo Illia, en junio de 1966, los delegados del gobierno de facto nacional dejaron de llamarse “interventores” y pasaron a ser designados, de forma indebida, como “gobernadores”. El más prolongado, arbitrario y criminal de esos golpes de Estado, el del 24 de marzo de 1976: permaneció en el poder siete años y nueve meses.

  • Gregorio A. Caro Figueroa
    gregoriocaro@hotmail.com