Una historia repetida

julio 22 /2013
Daniel Tort

La Presidenta de los Argentinos ha dictado el Decreto 929/13 y ha ordenado la suscripción con la firma Chevron Human Energy un acuerdo de condiciones para inversiones en el País, que aún no se conoce en detalle pero que con la sola lectura de la nueva norma se adivina estará plagado de privilegios a favor del poderoso grupo empresario y de los que eventualmente se presenten al atractivo negocio.

Atrás quedan ahora las anunciadas asociaciones libertarias con Petróleos de Venezuela S.A., o con Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), y los proyectos de UNASUR o del Banco del Sur que con bombos y platillos integraron para esos fines Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay y Venezuela.

Este nuevo arribo de los inversores que son continuadores de la mítica Standard Oil provoca inevitablemente el recuerdo de otros tiempos donde el arrodillarse al capital internacional fue tan claro como ahora. En efecto en el mes de Mayo de 1955 un Perón acosado por la inestabilidad económica e institucional dictaba el Dec. 6688/55 con el cual se acordaba en términos muy similares a los actuales con la llamada California Argentina de Petróleo S.A., en desmedro de una desfinanciada YPF. La revolución fusiladora de Septiembre de 1955 anularía esos convenios en 1956, luego los retomaría el presidente Arturo Frondizi en nombre del desarrollismo, y finalmente esos contratos serían anulados nuevamente en 1966 por Arturo Illia. Como se aprecia, esta temática es una historia repetida.

Se acuerdan por esta normativa concesiones de más de tres décadas, eximición de retenciones, autorizaciones especiales para exportar, precios internos asegurados ligados al aumento de precios internacionales, derecho a adquirir divisas de libre disponibilidad a precio oficial, y como broche de oro para que se entienda la enorme alegría de los empresarios, se fija el pago de regalías sobre la base de las propias declaraciones juradas que harán los mismos inversores. El saqueo asegurado al que nos acostumbraron los arribistas de los años noventa durante la década infame liderada por "La Rata" [1]

La grosera concesión legal a favor de este grupo extranjero además, se ha hecho sin considerar el grave daño ambiental que el sistema de extracción de gas y petróleo conocido como fracking causará en las proximidades de cada pozo, tales como, contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, contaminación del aire, afecciones a la salud humana, alteraciones del paisaje y el terreno, contaminación de suelos al cerrar los pozos, y riesgo sísmico. Se obra con total impunidad y sin análisis del tema, y seguramente todos los estudios a realizarse deberán acomodarse a la autorización ya otorgada. Resulta impensable que primero se firme el acuerdo y luego no se lo ejecute por objeciones ambientales.

Lo expuesto en esta materia es suficientemente conocido en América Latina y en términos generales no se aparta del esquema de las viejas transacciones neoliberales. Lo que sí resulta novedoso es la inocultable contradicción entre la prédica supuestamente nacional y popular hacia una América del Sur unida para la concreción de la Patria Grande del cual nuestra Presidenta hace gala en todas y cada una de las repetidas alocuciones por cadena nacional, y este convenio absurdo que contradice no solamente la machacosa oratoria, sino los recientes actos de gobierno en sentido inverso.

Basta recordar que hace apenas poco más de un año se expropió a otra petrolera extranjera como Repsol bajo acusaciones de gozar de todos los privilegios que ahora se le conceden a CHEVRON. Entonces se dijo que íbamos por la recuperación de la soberanía energética, por la re estatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y en un giro de ciento ochenta grados el gobierno nacional borra insensiblemente de un plumazo toda la arenga nacionalista y crea una frustración real en quienes hasta ahora creyeron el discurso.

Atrás quedan ahora las anunciadas asociaciones libertarias con Petróleos de Venezuela S.A., o con Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), y los proyectos de UNASUR o del Banco del Sur que con bombos y platillos integraron para esos fines Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Esta vuelta atrás de Argentina sin el necesario debate legislativo y por imposición repentina del Poder Ejecutivo, aporta indudablemente una marcada frustración hacia el camino de la integración.

Si no fuera que esa realidad constituye un drama de resignación de la nacionalidad, se podría decir que resulta risible escuchar a los voceros del gobierno tratando de explicar lo inexplicable, porque nada de lo que se diga podrá disimular el cambio de timón, el retroceso y la pérdida estratégica de manejo interno de los recursos naturales, que como bien se ha expuesto pertenecen a los pueblos y no a los gobiernos. El decreto 929/13 echa por tierra toda la prédica kirchnerista que invocaba una dirección protectora de la soberanía y constituye, contra todos los discursos tibios que pretenden restarle importancia, una claudicación vergonzosa, y un borrón y cuenta nueva al plan anterior exactamente contrario a éste que se había fijado por Decreto 1277/12.

La llamada oposición política que hasta ayer se llenaba la garganta diciendo que había que tomar estas medidas para atraer inversores, despotrica ahora a los cuatro vientos en contra de las mismas para aprovechar el momento electoral y acercar cantos de sirena a los votantes para fingir un nacionalismo del que carecen. Entre el oficialismo gobernante y los distintos grupos aliados para la renovación legislativa del próximo Octubre, existen meras diferencias de oportunidad pero ninguno de los dos resiste un archivo de contradicciones y de dobles discursos.

Y si el pueblo Argentino no termina de asumir alguna vez que la salida para liberarse de estas opresiones no es el sistema impuesto por los mismos inversores a través del llamado sistema de partidos políticos encaramados en la democracia liberal, no habrá más alternativas que optar entre el fuego y las brasas. Oficialistas y opositores comparten la aceptación general de reglas económicas para la dependencia.

La liberación de estos estamentos, de este esquema de dominación del capital transnacional que rige subordinando el interés general de la población, jamás será resignado a favor de las mayorías en una mesa electoral. Más temprano que tarde habrá que asumir que al poder no se lo pide ni se lo reclama, se lo conquista.

  • Daniel Tort.
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