Saltalibre

Política de la no discusión cultural

Idangel Betancourt — 2010-09-07T00:11:39Z


Mariano Ovejero, abogado

Los medios periodisticos Salta libre y Calchaquimix solicitaron la semana pasada al secretario de Cultura de la Provincia, el abogado Mariano Ovejero, suministre la información pública sobre el programa que elaboró la Provincia para el III Congreso Nacional de Cultura que se celebrará del 15 al 19 de septiembre en San Juan.

La solicitud, aun sin respuesta, pide explicaciones detalladas al funcionario sobre cuestiones puntuales que tienen que ver con la participación de Salta en ese Congreso.

“Por qué en Salta no se hizo un Congreso Provincial cuando había fondos para realizarlo y fue un pedido de Secretaría de Cultura de la Nación. Por supuesto, este es un país federal, pero existen obligaciones éticas, para que la representatividad de la Secretaría de Cultura en el Congreso Nacional sea realmente legítima y legitimada.

En este sentido y teniendo en cuenta de que el NOA decidió hacer un Foro cerrado entre los funcionarios, también pedimos información sobre los ejes temáticos que presentará la Secretaría de Cultura en el Congreso Nacional y cómo se prepararon dichos ejes y la argumentación que los sostiene, así como su implementación en un programa de política cultural en la Provincia y la región”.

El pedido de información pública mediante la nota correspondiente, se realizó en el marco de lo establecido por los Arts. 1, 14 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 61 de la Constitución Provincial y el decreto provincial 1574/02 que establece el “Estándar mínimo de acceso a la Información de la Administración Pública”.

Ambos medios digitales publicaron en diversos artículos, la preocupación por la falta de un programa de política cultural que incluya de manera efectiva todas las áreas. En mayo de este año se celebró en el Hotel Termas Golf & Spa de Rosario de la Frontera el I Congreso Regional de Cultura, donde asistieron solo funcionarios y sobre el cual se informó desde la Secretaría que el propósito de dicho Congreso fue delinear los ejes temáticos del III Congreso Nacional de Cultura. Pero nunca se dieron a conocer las conclusiones elaboradas a partir de esos ejes.

La decisión de realizar ese congreso a espalda de la sociedad salteña y de los trabajadores de la cultura se contradice con el sentido democrático y abierto que debe generar la política pública cultural. Aún a la fecha de hoy debemos formular los mismos cuestionamientos que surgieron a raíz de la celebración de ese “congreso para funcionarios”.

“Nada se sabe sobre las propuestas que la provincia presentó en el Congreso Regional, tampoco se conoce quiénes conformaron el equipo de trabajo de la provincia y sobre cuáles ejes proyectaron su presencia en el ámbito regional.

Las preguntas se multiplican: ¿a qué actores sociales consultaron?, ¿qué gestores culturales participaron?, ¿qué lugar se le dio al arte, a las culturas originarias, por ejemplo?, ¿se tuvo en cuenta un debate que se debe la provincia sobre las contradicciones existentes entre turismo y cultura?”.

Suponemos que alguna de estas preguntas puedan ser respondidas. Incluso de manera consecuente con las mejores expectativas, pero lo cierto es que esa información no ha sido suministrada hasta el día de hoy a la sociedad, cuando faltan pocos días para III Congreso Argentino de Cultura a desarrollarse en San Juan, del 15 hasta el 19 de septiembre de 2010.

En tanto, el Foro Independiente de Trabajadores de la Cultura envió en julio una nota al Secretario de Cultura, pidiendo y argumentando la necesidad de realizar un Congreso Provincial de Cultura de cara al Congreso Nacional en el marco del Bicentenario. La respuesta a dicho pedido fue eludida por el Secretario de Cultura, quien, además, nunca concedió audiencia al Foro, ya que no tiene personería jurídica según expresó en una nota.

A finales de agosto, faltando una semana para el cierre de las inscripciones en el Congreso Nacional, el abogado Mariano Ovejero llamó por separado y de forma urgente a una reunión a las autoridades de las asociaciones de actores, escritores y músicos para ofrecerles dos plazas para viajar al Congreso Nacional. Una invitación loable; pero que revela una estrategia no tan loable: la de hacer partícipe a las asociaciones de la no discusión a nivel provincial de las políticas culturales públicas.

Idangel Betancourt
Periodita y escritor

Prensa, papel y tijeras

Héctor Alí — 2010-09-04T23:14:51Z

En los albores del gobierno alfonsinista, cuando las tapas de las violaciones a los derechos humanos saltaban por los aires y se conocían las atrocidades de la represión ilegal, el entonces ministro del Interior, Antonio Tróccolli, pretendió catalogar el enfrentamiento y la tragedia ocurrida durante la dictadura con la teoría de los "dos demonios".

El político balbinista buscaba equiparar las acciones guerrilleras con el terrorismo de Estado que asoló el país a partir del golpe del 24 de marzo de 1976. El devenir de la historia pulverizó aquella estrategia que tendía a establecer una funesta simetría entre ambos bandos y justificar de ese modo el ataque a toda la sociedad practicado por el gobierno militar.

El actual enfrentamiento entre el Gobierno y algunos medios de prensa, principalmente con el Grupo Clarín, parece remitir a aquel fenómeno, con dos sectores "demonizados" entre sí.

En la Argentina, el necesario correlato, la armonía y la convivencia civilizada entre el poder político y el periodismo en todos sus niveles, desapareció bajo las orugas de los tanques que combaten en ese verdadero campo minado que es la guerra entre el "oficialismo" y los "medios opositores”. Una batalla donde no parece haber conciliación posible, ni marcha atrás.

Una confrontación a matar o morir, que mantiene a la sociedad como rehén y espectador atónito soportando los embates de uno y otro lado. En ese contexto, se mezclan algunos roles y todo se vuelve difuso en cuanto a las responsabilidades que cada uno debe asumir. La delgada línea roja es cruzada por ambos en uno y otro sentido, casi cotidianamente.

La sanción de la Ley de Medios fue la primera gran acción oficial, con la pretensión de “democratizar” el espectro audiovisual y terminar con los “monopolios”. Lo cual obligó a una inmediata reacción legal por parte de los medios afectados que denunciaron la “inconstitucionalidad” de la medida, cuya resolución aun está pendiente de ser dirimida en los más altos estrados de la Justicia. A eso le siguieron marchas fogoneadas por el oficialismo en las cuales fueron escrachados periodistas del Grupo Clarín y poco después un “juicio público” a comunicadores sindicados como colaboradores· del Proceso, impulsado por organismos de derechos humanos. Para esa misma época, también desde la Casa Rosada, se insistió con vehemencia por el avance de las investigaciones sobre la identidad de los hijos adoptivos de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble.

La medida mas reciente en medio del combate contra el grupo multimedio, fue la anulación de la licencia de Fibertel como proveedor de Internet, otra resolución que deberá ser resuelta en la Justicia.

Pero el ejemplo mas contundente de que el Gobierno siempre “va por mas”, fue la presentación de “la verdad” sobre Papel Prensa, con la conducción estelar de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una transmisión cuyo montaje televisivo utilizó tiempos y planos propios de programas periodísticos.

Las repercusiones desde la mirada oficial se relegaron a la llamada Televisión Pública. Alli, su nave insigna, el programa 6-7-8, exhibió un documental elaborado en la usina mediática del oficialismo, donde descollan Tristan Bauer y Diego Gwirts, en el cual se sustentó la hipótesis oficial con la documentación recolectada por Guillermo Moreno y los testimonios “reveladores” de Lidia y Osvaldo Papaleo.

La denuncia involucró directamente a los principales socios de PP, Clarín y La Nación, acusados previamente por algunos medios oficialistas, de haberse apropiado de la empresa en “la mesa de tortura”.

Las revelaciones posteriores de Isidoro Graiver y Maria Sol, la hija de Lidia Papaleo, mas algunos artículos referidas a capítulos aún no del todo esclarecidos de la historia reciente, como las exigencias de Montoneros a la viuda de Graiver y la falta de coincidencia en las fechas y situaciones mencionadas en la informe, desmontaron gran parte de la historia oficial. El Gobierno terminó por enviar un escueto proyecto al Congreso, en el cual reclama facultades para declarar de “utilidad pública” la fabricación y distribución del papel de diario, que parece tener destino incierto.

En la otra trinchera, la oposición se aglutinó para rechazar enfaticamente este nuevo “ataque la libertad de prensa” y denunciar lo que considera el intento oficial de apropiarse de Papel Prensa. En tanto, también se dió tiempo para tratar algunos temas que se promocionan a través de los medios “contrarios· que desde el punto de vista oficial, se “asocian” a la oposición para obstaculizar la gestión del Ejecutivo con fines “desestabilizadores”. Como ejemplo, se mencionan la baja de las retenciones al campo, la anulación de las facultades delegadas y la sanción del 82 por ciento móvil para los jubilados, que según CFK, podría llevar al país al “default”.

Por fuera de la política, lo que más irrita al oficialismo es la profusa información que se publica sobre eventuales hechos de corrupción que complican al matrimonio presidencial y algunos de sus funcionarios. Los teóricos del kirchnerismo, desechan la idea de asociar la corrupción a la política y piensan, que aún a costa de la incursión en eventuales delitos, desde el Gobierno se están gestando acciones sino revolucionarias, al menos restauradoras (reestatizaciones de empresas públicas, anulación de las AFJP, impulso a los juicios por violación a los derechos humanos, etc), que merecen ser apoyados. No parecen recalar en que la corrupción, en todas las épocas, es un agujero negro donde se pierden fondos que son negados a los sectores más vulnerables de la sociedad.

En ese sentido, los detractores de los medios no oficialistas, afirman que no hay en ellos una actitud genuina de crítica o denuncia hacia el gobierno, sino la defensa de intereses que responden a los más altos niveles del poder económico concentrado, presuntamente afectados por las políticas de la actual gestión. Para los mas escépticos, a esto se asocia la ideología ultraconservadora de la "derecha", lugar donde radican los focos conspirativos mas activos, “infiltrados” por agentes de la CIA, dispuesto a demoler el modelo "progresista" y de "izquierda" que encara el gobierno kirchnerista.

En tanto, los medios que no comulgan con los K, afirman que sufren "acoso", "persecusión" y "censura" por parte del Gobierno, el cual, dicen, no escatima un accionar constante de "difamación" y "calumnia" en su tozudo intento de silenciar la opinión crítica y la información desfavorable. Desde esas páginas se acusa al oficialismo de actuar con espíritu "revanchista" y "totalitario", con el objetivo de eliminar cualquier atisbo de prensa independiente y poner todo el espectro bajo la tutela del ·monopolio estatal.

Afirman que para ello, el Gobierno utiliza un gigantesco aparato propagandístico a través de la desmesurada pauta oficial que reparte entre medios oficialistas y de escasa tirada (Página 12, Tiempo Argentino, Veintitres, Duro de Domar, TVR, etc) y el alto presupuesto que se destina a mantener los espacios propios (Televisión Pública, 6-7-8, Futbol para Todos, etc).

Hay sobrados ejemplos en la historia donde los gobiernos trataron de amordazar a la prensa o ejercer algún tipo de censura. También sobran los ejemplos de la resistencia ejercida por medios independientes para enfrentar los abusos del poder. La ventaja sobre los medios es que la mayoría permanece y los gobiernos pasan.

Muchos aún se preguntan como se llegó al nivel actual de confrontación, sobre todo habiendo compartido un período estable y de relaciones amistosas, con concesiones mutuas. La duda principal es cómo termina la historia, en donde cada uno está dispuesto a llegar hasta las “ultimas consecuencias”.

Hector Alí
Periodista

Un periodista sería encarcelado en la Provincia de Salta

Idangel Betancourt — 2010-09-02T02:09:00Z


Los jueces Guillermo Posadas y María Cristina Garros Martínez

La Corte de Justicia de Salta merece el “Guiness” de interpretación de leyes. Al ratificar en febrero una condena al periodista José Acho, editor de Salta Libre, por un informe donde el popular cantante, el Chaqueño Palavecino, aparecía como apropiador de tierras fiscales, la Corte olvidó que una ley despenalizó la figura de calumnias e injurias en 2009.

Como si esto no bastara, al darse cuenta del yerro, hace un mes, la Corte en lugar de limitarse a conceder o denegar el Recurso Extraordinario presentado por la defensa, enmendó su error con un nuevo fallo violando así la jurisdicción perdida.

Ahora, a los 20 mil pesos de multa y dos años de prisión en suspenso dictada en el primer fallo, la Corte sumó otros 12 mil pesos y dos años de prisión efectiva si no se paga ese dinero. El periodista de Salta Libre, declaró que está “dispuesto a ir a preso antes que legitimar con el pago de las multas un fallo aberrante. Y será también una forma de denunciar públicamente a una Corte de Justicia incompetente”.

“Mi encarcelamiento confirmaría que Salta, está ajena a una Argentina en plena democracia y libertad de derechos; porque ciertos periodistas que no se venden a los poderes de turno, trabajan precarizados y presionados como en las oscuras épocas de la dictadura. Aquí los jueces los condenan a la cárcel, la patota política atenta libremente contra sus vidas o se los persigue judicialmente hasta someterlos y quebrarlos económicamente”, denunció.

¿Cuál fue la base de este fallo gravoso? Como advierte el defensor de Acho, el doctor Pedro García Castiella, la Corte invirtió el proceso de razonamiento lógico; “en vez de desincriminar por ser el querellante figura pública, por el contrario, utiliza como agravante de delito la popularidad del querellante”.

Las palabras textuales de la Corte fueron: “mancillándose el honor de una persona de reconocida popularidad a nivel nacional”. O sea, todo el peso de la fama del Chaqueño cayó sobre la labor de un periodista independiente, en un fallo que parece salido de un jurado del programa de Marcelo Tinelli.


Jueces de la Corte con Kosiner

Los jueces de la Corte, Guillermo Posadas, María Cristina Garros Martínez, María Rosa Ayala, Guillermo Catalano, Abel Cornejo y Fabián Vittar, también ignoraron que el interés público no se reduce a la figura de funcionario, sino que un personaje popular es por lo tanto una figura pública. Más en este caso, cuando las tierras fiscales de los lotes 55 y 14 de Santa Victoria Este donde vive la familia del Chaqueño, son tierras en litigios entre criollos y originarios.

La Corte Provincial ignoró el antecedente de la IV Cámara del Crimen porteña que sobreseyó recientemente a la periodista Guillermina Fossati ante la demanda de Bulgheroni, una persona de interés público. Según la Corte Suprema de la Nación “la investigación periodística sobre asuntos públicos desempeña un rol importante en la transparencia que exige el sistema republicano. El exceso rigor y la intolerancia del error llevarían a la autocensura lo que privaría a la ciudadanía de información imprescindible para tomar decisiones sobre sus representantes”.

El malestar de la cultura salteña

La condena de la Corte de Justicia Provincial al periodista José Acho por calumnias e injurias al Chaqueño Palavecino, aparece atravesada por algo más que equívocos judiciales. Demuestra que en Salta nadie debe salirse de una partitura bien reglamentada y orquestada desde los poderes políticos y económicos. Una partitura que no responde precisamente a la ley, sino a la cultura del silenciamiento y la omisión. Una partitura que supo explicar en un café hace unos días un intelectual temeroso murmurando que en Salta hay un Estado que no escucha y una sociedad que no habla.

Esta práctica de regulación del saber y del decir, tiene dos efectos inmediatos: una sociedad silenciada, y el castigo y la satanización para el individuo que rompe las reglas de “saber qué no se debe decir”.

El ejemplo paradigmático es el del periodista Sergio Poma, quien sufrió una persecución en todos los ámbitos, incluido el judicial, bajo el gobierno de Juan Carlos Romero. Si la muerte no lo hubiera sorprendido probablemente Poma estuviera preso en estos momentos, ya que recaía sobre él una condena por el delito de calumnia e injuria contra el ex Gobernador.

Lamentablemente, los ejemplos no pertenecen solo al pasado, hace unos días la radio del periodista Carlos Villanueva de Cerrillos fue incendiada. El periodista atribuye la agresión a sus críticas, a través de FM Cerrillos y en el programa que realiza por el canal de cable Norte Visión, contra la gestión del intendente Rubén Corimayo (PJ). Hasta ahora no ha sido apresado ningún sospechoso.

Durante este año, la Asociación de Periodistas de Salta (APeS) emitió decenas de comunicados de repudio a los poderes públicos y a la comunidad, donde se ponen de manifiestos la preocupación por las agresiones hacia periodistas y la violación a la libertad de expresión en las que incluso ha estado involucrada la policía.

Incluso, en el caso del periodista de FM Chaco de Tartagal, José Piedra, la Asociación se reunió con el ministro de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos Pablo Kosiner, a quien se le pidió garantías para que Piedra pudiera seguir ejerciendo su oficio ante las amenazas recibidas. Hechos similares se registraron a través de toda la provincia: Orán, Tartagal, Rosario de la Frontera, Güemes, Metán, etc.

Estos son solo algunos ejemplos que explican que la interpretación de la Corte de Justicia Provincial sobre las figuras de calumnia e injuria, hoy despenalizadas y que regían de la época de la dictadura militar, no se refiere a una cuestión legal, sino a una cuestión de control y de selección cultural (fama, poder y dinero), a la que ningún humano está exento aún siendo juez.

Idangel Betancourt
Periodista y escritor

¿Esclavitud del Siglo XXI en Cafayate?

Idangel Betancourt — 2010-09-02T01:19:43Z

Cafayate (Informe especial) No se trata de un comentario del Padre de las Casas sobre los abusos y crueldades que eran cometidos en Las Indias, el atropello ocurrió el pasado verano en la localidad de Santa Bárbara, Cafayate, según el relato de un grupo de abogados del Sindicato Vitivinícola quienes representan al campesino ultrajado Rafael Escalante.

Escalante, reclamó a su empleador Rosa Carrizo el pago de su tercio. Este pago consiste en que de cada tres animales que nacen, uno pertenece al campesino, quien los cuida en condiciones precarias en los cerros de Santa Bárbara. Los abogados relataron a Salta Libre que Escalante vive en una cueva en la montaña.

A finales del 2009, cuando llegó la fecha de vender los animales, Rosa consiguió meter preso por una noche a Escalante y cuando este volvió el empleador había vendido a todos los animales incluidos los que formaban parte de su pago. Cuando Rafael Escalante reclamó su pago, el patrón desde el caballo lo castigó a latigazos.

Cuando los abogados tomaron conocimiento del hecho no pudieron emprender una causa por el maltrato, el cual fue denunciado también por la Comunidad Suri Diaguita Calchaquí, ya que no pudo ser verificado a tiempo por un médico legal. Entonces el empleado se dio por despedido. Pero Rosa Carrizo no ha respondido a la carta documento, por lo que Rafael Escalante sigue todavía cuidando los animales sin que sus derechos sean reconocidos.

El turismo y precarización laboral

Los abogados del Sindicato Vitivinícola Fernando Andrés López, Esteban Martearena Pastor R. Torres, Román Salím y Mariam Salím, dijeron a Salta Libre que no son vistos con buenos ojos por la Cámara de Comercio y Turismo de Cafayate, en el tiempo que llevan trabajando en los valles han iniciado cientos de litigios en contra de las bodegas y los hacendados.

Las violaciones a los derechos laborales que más se registran son la penuria salarial, el no reconocimiento de los accidentes de trabajo y la utilización de las figuras como la empleado eventual cuando el trabajo es por temporada en relación con el ciclo de la vid.

Para Fernando Andrés López, el turismo ha sido un factor más de empobrecimiento del trabajador, ya que “el empleador en lugar de ser más solidario con el aumento de las ganancia, aumenta la explotación”. Lo que trae como consecuencia que el trabajador tenga mayor carga horaria y se le pague mal o directamente no se le pague. El abogado explica también que la mayoría de los casos no llegan a juicio porque el damnificado cede a la presión del empleador.

Otro ejemplo concreto de la distancia entre desarrollo turístico y desarrollo económico y cultural de Cafayate, lo aporta la senadora provincial de la UCR Claudia Silvina Vargas, quien pidió que el Poder Ejecutivo incorpore en el proyecto de presupuesto ejercicio 2011 una lista obras para la Ciudad de Cafayate con el objeto de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de esa localidad.

Así, mientras las viñas y el turismo se esparcen por el territorio cafayateño, Vargas reclama en un larga lista presupuesto para un Centro Cultural, la construcción de la Terminal de Ómnibus, una nueva planta potabilizadora de agua, reparación del Cine-Teatro, construcciones de centros deportivos, etc. Necesidades que hasta ahora no han formado parte de ningún programa de responsabilidad social de los patrones viñateros cafayateños.

Piden el cese de la catequización compulsiva

2010-09-01T00:52:00Z

A dos años de la implementación de la enseñanza religiosa en las escuelas de Salta y luego de una minuciosa reflexión y dada la importancia que tiene para el desarrollo moral y para la salud mental de una sociedad este tema, el Espacio Carta Abierta Salta hizo público su enérgico reclamo para que cese la catequización compulsiva en las escuelas públicas del territorio provincial.

El documento de Carta Abierta Salta solicitó el cese de la educación religiosa en las escuelas públicas provinciales y espresa aquí sus principales fundamentos:

Fundamentos Eticos

El principal motivo por el cual se ha defendido la enseñanza religiosa en las escuelas ha sido la defensa de la necesidad de dar valores morales, espirituales y ejemplos éticos a los jóvenes, valores que les den herramientas para interpretar un mundo difícil, contradictorio y a veces sombrío. El argumento en principio parece razonable.

En efecto la religión católica, como todas las grandes religiones universales, tienen valiosos criterios de convivencia que podrían ser útiles a nuestros chicos. Sabemos que Jesús de Nazareth incorpora al antiguo tronco del judaísmo un mandamiento basado en un principio humanista: Ama a tu prójimo como a ti mismo, principio que es la base de la abolición de toda discriminación.

La idea del “amor al prójimo” y no la enunciación de un amor universal abstracto, implica para los cristianos el compromiso con los que están a su alrededor. Para los chicos de la escuela pública el ejercicio de este amor, de esta tolerancia, de esta solidaridad, de esta no discriminación, de esta aceptación de las diferencias tan bien ejemplificada en los evangelios, se ejerce entonces con sus propios compañeritos.

Sería hermoso que esto fuera lo que se enseñara, pero no es así y no puede serlo porque la enseñanza de la Religión Católica en las escuelas públicas implica, si o si, una discriminación y la vulneración de los derechos de las minorías de otros cultos, ateos y no creyentes.

Los testimonios recogidos por los pocos padres que se atreven a autorizar que sus hijos no asistan a las clases de Religión son preocupantes. A la humillante exclusión a que se los somete, se suman comentarios discriminatorios de los niños asistentes a las clases de religión hacia los que no asisten como “te va a llevar el demonio” y otras frases de similar factura.

No podemos explicarnos como pueden enseñar los catequistas acerca del Amor al prójimo sin caer en hipocresía y sin dar ellos mismos un pésimo ejemplo cuando a aquellos niños que profesan otros cultos o que no profesan ninguno o, a aquellos cuyos padres católicos preferirían elegir ellos mismos sus maestros de catequesis, los tienen que sacar del aula de una escuela pública para que deambulen como si tuvieran hora libre o para que vayan a la Biblioteca como si hubiera faltado el profesor.

También es humillante que atemorizados por la discriminación a que se pueda someter a sus hijos, muchos padres les alientan a asistir a las clases de religión aunque no estén de acuerdo con los contenidos que en ellas se imparten.

Esos padres están al borde de la extorsión moral, otra lacra y otro mal ejemplo para los jóvenes ya que obliga a esas familias a claudicar del derecho que les ha sido otorgado por las leyes de educar a sus hijos en sus propias convicciones, derecho que hoy el Ministerio de Educación salteño les desconoce.

No se puede predicar lo que no se practica. No hay en la discriminación religiosa ni una pizca de amor. Hay abuso de poder hacia las minorías religiosas y hay doble moral Tal vez los señores catequistas, para no caer en contradicciones, hayan omitido la enseñanza de este mandamiento esencial en la fe cristiana. En ese caso ya no estarían enseñando la religión católica. No sería extraño, por último, que esta actitud abusiva por parte del culto mayoritario pudiera terminar alentando violencia religiosa o intolerancia, pesadilla hoy tan ajena al espíritu del pueblo salteño y tan de moda en la violencia mundial.

Fundamentos históricos

Se nos dice que Salta tiene sus tradiciones. Es cierto. Con fundamento se enorgullece de ellas. Queremos recordar al Señor Gobernador de la Provincia de Salta, al Sr. Ministro de Educación de la Provincia y a los grupos fundamentalistas y sectarios de presión dentro de la Iglesia Católica que en Salta se libraron arduas batallas hace doscientos años; queremos recordar que en esas batallas hubo católicos y no católicos de ambos bandos y que, además de derrotar a los realistas, aquellos patriotas que siguieron a Martín Miguel de Güemes y al General José de San Martín, también derrotaron a una institución nefasta para la historia del cristianismo y para la historia de la humanidad: la Santa Inquisición.

Sobre la transparencia económica

Siendo la Iglesia Católica la única institución religiosa que recibe financiación del Estado Nacional para el mantenimiento de sus miembros y fondos del Estado Provincial para el subsidio de escuelas que promueven el culto católico y siendo esta financiación justamente destinada a mantener y a promover esta religión en su condición de ser, según el orden jurídico vigente, la Religión Oficial de la República Argentina, entendemos que la Arquidiócesis salteña ya recibe un monto muy importante de dinero público obtenido de los impuestos que paga la totalidad de la población conformada por católicos y no católicos, creyentes y no creyentes y que estos fondos ya están destinados a difundir las convicciones de la iglesia Católica Apostólica Romana incluyendo claramente como tarea principal la catequesis.

Entendemos entonces que, destinar además una parte del presupuesto del Ministerio de Educación de la Provincia de Salta a pagar a los maestros de Religión para promover los mismos fines que ya se sostienen por otro lado constituye en la práctica una doble financiación y podría entenderse como malversación de fondos públicos o como una diferencia abusiva de recursos fiscales destinada a la promoción de uno solo de los cultos a los cuales adhiere la población de la provincia, pero no la totalidad.

Fundamentos jurídicos

La ley 1420 del año 1884 postuló los principios en materia educativa y ha sido una de esas leyes que tuvo la fuerza suficiente para otorgarnos una de nuestras características como Nación. Dicha ley, aún vigente, en su artículo octavo excluye la enseñanza de religión dentro del horario de clases en las escuelas públicas.

Entendemos que esta imposición a los educandos, implica una grave violación al derecho de igualdad consagrado en el Art. 16 de nuestra Constitución Nacional, que establece “Todos sus habitantes son iguales ante la ley”. Lesiona además otra importante ley nacional como es la que legisla sobre discriminación (Nº 23.592) que dispone sanciones a “Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional (…) se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión….”

Nuestra misma Constitución salteña expresa en el Art. 11 que “nadie puede ser obligado a declarar la religión que profesa”, y la ley cuestionada contrariando este principio constitucional dispone en los hechos que cada alumno, o sus familiares, declaren si tienen o no alguna religión y en su caso la identifiquen.

Otra ley de importancia que contradice la legislación provincial criticada y puesta en práctica por el Ministro de Educación salteño es la de Habeas Data que afirma que “Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles.”.

La ley federal de educación en su artículo octavo regula el “derecho a aprender, mediante la igualdad de oportunidades y posibilidades, sin discriminación alguna”. La normativa provincial vulnera groseramente esta ley nacional al establecer la obligatoriedad de la enseñanza religiosa, agravado por lo que en la práctica ha implicado la expulsión de los niños de las aulas cuyos padres no desean que a sus hijos los adoctrine un catequista formado por el arzobispado de Salta.

Por último debe destacarse que quienes invocan a favor de la ley cuestionada el Art. 49 de la Constitución de la provincia, se equivocan en su fundamento por dos razones: la primera de ellas es que tal y como ha quedado demostrado no se brinda educación religiosa de acuerdo a las convicciones de los padres, si no que se imparte la religión católica como religión y eso contradice expresamente al artículo mencionado; por otro lado no son pocos los constitucionalistas que opinan que dicho artículo es inconstitucional por cuanto un estado provincial no puede dictar normas que contraríen la Constitución Nacional y las leyes que se dicten en consecuencia.

Conclusiones

Por lo expuesto los miembros de Carta Abierta Salta opinan que podría entenderse como razonable que se dictaran clases de cultura religiosa o clases de historia de todas las religiones y que es posible que este conocimiento podría mejorar la comprensión del mundo por parte de los más jóvenes, pero de ningún modo se entiende que el enfoque actual de invertir fondos públicos en la enseñanza de una sola religión mejorará la calidad moral ni espiritual de nadie.

Queremos recordar por último a las autoridades provinciales y a las autoridades de la Iglesia Católica que lo que dijo Jesús de Nazareth fue: “Dejad que los niños vengan a mi”. Jamás hubiera dicho: “obligad a los niños a que vengan a mi”.

Esta carta fue enviada a:

El Sr. Gobernador de la Provincia de Salta.
Al Ministro de Educación de la Provincia de Salta
A los señores Jueces y Fiscales encargados de tratar este tema.
A las autoridades de la Iglesia Católica y a sus fieles.
A las autoridades y miembros de todos los credos religiosos y espirituales que se profesan en la Provincia de Salta.
Y al colectivo de ateos, no creyentes y agnósticos.

Carta Abierta Salta es un espacio de reflexión y debate en donde convergen personas de distinta extracción y pertenencia política y religiosa que tienen el objetivo común el desandar las políticas neoliberales, recuperar el aparato productivo, fortalecer al Estado y contribuir a una más equitativa distribución de los recursos.

La ruta del vino y el alambre

Idangel Betancourt — 2010-08-31T00:57:34Z

Cafayate (Informe especial) Fue un delegado de la Comunidad Diaguita Calchaquí del Divisadero, en Cafayate, quien me avisa que “hay quilombo allá arriba”, y me invita a acompañarlo. Cuando llegamos ya los otros delegados habían echado a los agrimensores y a los peones del hacendado Héctor “Bubi” Herrera que estaban estacando para alambrar las tierras que están en la zona de las Ruinas del Divisadero.

Desde hace un año la comunidad se apropió del camping que está en ese pie de montaña donde comienza el recorrido a las siete cascadas a través de las vertientes del río Colorado y del Alisar.

El territorio que Herrera intentó privatizar para cobrar el paso a la naturaleza ahora es un Lugar de Encuentro y Sabiduría, donde la comunidad se reúne para discutir las formas de resistencia ante el avance de un poder económico y político local que apenas reconoce el derecho de existencia.

Mientras subíamos al Divisadero, las señalizaciones de la Ruta del Vino iban apareciendo al costado del camino, dos largas hileras de alambrado custodiaban las vides dormidas por el invierno y disciplinaban la ruta. Las estacas llegan hasta las mismas ruinas. Fue allí donde el delegado diaguita que también se desempeña como guía turístico independiente me dice: “Vamos a inaugurar el turismo alambre. Vamos a mostrar a los turistas cómo todo Cafayate está siendo desmontada y alambrada, cómo nos están cercando”.

Cuando llegamos arriba los agrimensores se habían marchado y la situación estaba controlada. Me cuentan sobre la decisión de defender ese territorio y de los desalojos de varias familias que han impedido en los cuatro años que lleva conformada la comunidad a punto de recibir la personería jurídica de la Nación.

Luego llegan tres abogados del sindicato vitivinícola. Explican que los empresarios tratan de alambrar para hacer usufructo de las tierras y después declararse dueños, pero que en la mayor parte de los casos no tienen posesión de las tierras. Cuando hay campesinos que viven en el territorio tratan de disuadirlos por todos los medios posibles de que se los cedan. Entonces uno de los delegados dice que esa es una vieja práctica que funcionaba con los abuelos porque solo sabían de animales y de la naturaleza, pero que ellos saben de leyes y conocen sus derechos.

Desencuentro entre Turismo y Cultura

La voluntad de que los pueblos calchaquíes, de que su gente, siga detenida en el tiempo, es algo manifiesto desde la misma página del Ministerio de Turismo y Cultura de Salta. Desde allí se promueve la Ruta del Vino de los valles y se habla del “legado arqueológico de antiguas civilizaciones”. Ver: turismosalta.gov.ar

Pero a pesar de promover la arqueología de esos pueblos “detenidos en el tiempo” como un valor agregado para el turismo, a pesar de que sus ancestros sean mostrados como objetos museables en instituciones que comercializan con sus muertos, su cultura resiste.

Esta resistencia puede parecer a veces contradictoria para la mirada occidental, sobre todo si se piensa que todo sujeto tiene que entrar en el juego del mercado. ¿Acaso querría alguien tener que esconder a sus muertos?

La desconfianza en las instituciones del Estado ha llegado a tal punto que cuando hallan un sitio arqueológico lo esconden, cuando encuentran alguna sepultura en un lugar transitado por el turismo la trasladan a un sitio seguro. Estos diaguitas se niegan a ser objetos de estudios, ellos persisten allí, con un estilo de vida y de muerte.

Idangel Betancourt
Escritor y periodista
Especial para Calchaquimix y Salta Libre

Periodismo bajo fuego en Cerrillos

José Acho — 2010-08-25T02:37:46Z


Vea la galería de fotos

El periodista de FM Cerrillos Carlos Villanueva y su familia sufrieron un grave ataque incendiario con indicios de un mensaje de alerta para impedir que siga cumpliendo sus funciones periodísticas. Un supuesto robo con caracteristicas de atentado pudo haber terminado además con la vida de varios integrantes de su familia. ¿Un mensaje político? ¿Qué está pasando en Cerrillos? Las miradas de los damnificados apuntan al intendente Rubén Corimayo.

La historia de miedo y tragedia que vivió por al menos dos horas, la familia cerrillana de unperiodista, la madrugada oscura de este martes, se asemeja a un atentado típico de épocas tenebrosas cuando la Argentina vivía bajo fuego de la cruenta dictadura.

Fueron momentos de peligro latente alrededor de las 2.30 de la madrugada, por el principio de incendio en su vivienda el martes 24 de agosto en el humilde Barrio San Isidro, ubicado a la salida de la localidad de Cerrillos, camino a La Merced.

Luego del "robo comando", los cinco integrantes de la familia se levantaron intoxicados por el humo negro invadía toda la casa y por las explosiones de las gomas del auto incendiándose estacionado en un garaje techado abierto a los costados; pegado a un estudio de radio y a los dormitorios.

Ver también: Corimayo: "Son hechos aislados..."

Salta Libre en el lugar de los hechos pudo comprobar que hoy están todos a salvo y los daños fueron solo económicos. Pero la pregunta que todos se hacían los integrantes de la familia Villanueva: ¿Qué nos hubiera pasado si las llamas que comenzaron en la trompa del auto nuevo (VW modelo 2010), llegaban a al sector del tanque de nafta y el cilindro de gas llenos?

Ese auto estaba preparado por salir de viaje temprano en la mañana, listo para realizar una cobertura periodística. Pero a las 2.30 de la madrugada, en un supuesto robo tipo operativo comando, los supuestos ladrones podían olvidarse el botín pero no arrojar nafta al auto para incendiarlo y así dejar un mensaje que podía ser el último.

¿Quién por un robo podría querer quemar y hacer explotar una casa con la familia adentro? ¿Ese nivel de delincuencia tipo comando existe en Cerrillos?

Una historia de corrupción

La labor periodística de Villanueva tiene 17 años en Cerrillos. La mayoría bajo la gestión de del polémico intendente Rubén Corimayo. En los últimos 7 años, como las relaciones amistosas son nulas, el propietario de FM Cerrillos y conductor de los noticieros de Norte Visión, tiene una posición enfrentada y de denuncia constante por las irregularidades de su gestión municipal y el manejo discrecional de los fondos de la cooperadora asistencial, por lo que el intendente enfrenta un relegado juicio.

Hace pocos días tuvo una curiosa señal más. Según Villanueva por una confusión de interpretación del concejal Pepe Guzman, recibió el insólito galardón de haber sido declarado “Persona no grata por el Municipio de Cerrillos” mediante una resolución que presentó y que aprobada para la mayoría oficialista de Concejo Deliberante, adicto al procesado Rubén Corimayo.

La tirantez de esa mala relación llegó a otro extremo el 17 de agosto de 2010 durante del desfile en homenaje a San Martín. Ocurrió en la cobertura periodística para su radio y la televisión de la protesta contra el intendente por parte de un grupo de vecinos que lo acusaban con carteles de “corrupto”.

A pesar de esa históricas sospechas del intendente que fue preso y actualmente está procesado, a los actos oficiales concurrió el gobernador Juan Manuel Urtubey. En otra repudiada muestra de la gente del aval oficial a su gestión, el mandatario se fotografió a su lado, frente a todos los medios de la provincia; como antes también lo había hecho el ex gobernador Juan Carlos Romero.

El periodista cerrillano, que pasó un martes por un duro trance, con su auto y casa quemada y su hijo internado en el hospital, afirmó que el único enemigo con el que cuenta es la gestión municipal de Rubén Corimayo. Ante la consulta de varios medios de prensa, aseguró haber sufrido durante años amenazas y atentados a su labor periodistica.

Las "patotas" de Corimayo

Denunció además que desde las oficinas de la intendencia se encienden equipos para interferir su radio. A su entender, las constantes persecuciones que sufre vienen siempre de parte de "patotas" del Corimayo, por sus críticas a su estilo de gobernar.

Villanueva radicó la denuncia del atentado y del robo de un equipamiento de su radio que posee en una oficina en su vivienda. El periodista manifestó también que no recibió solidaridad alguna de la municipalidad y destacó que este atentado se condice con las denuncias e investigaciones de las supuestas irregularidades en la gestión del intendente Cerrillano.

Los integrantes del staff de la radio afirmaron a Salta Libre que recibieron durante toda la jornada del martes la solidaridad por este nuevo ataque que llegaron desde los intendentes de Juan Angel Pérez, de Romano, de los intendentes desde La Caldera hasta Guachipas. El mismo vicegobernador Zottos los llamó para expresarle su apoyo, pero no hubo señal del intendente Corimayo.

Enemigos y nada mas...

José Atilio Mamaní, productor de Carlos Villanueva aseguró también a este medio que Corimayo nunca se solidarizó con ellos, no llegó a la casa siniestrada, ni llamó. Solo envió a un emisario de Prensa de la Municipalidad a la casa de una trabajadora de la radio, luego fue al hospital a ver al hijo internado de Carlos”, sostuvo.

Cuando se le preguntó que quizás Corimayo no conocía la casa, Mamaní replicó: “Lo dudo porque cuando el salió de estar preso, el lugar donde pasaba todo el día, todo su tiempo el casi vivía acá en esta casa, donde pasó el incidente. Así fue durante los cuatro años de gestión de Clelia Guzmán. Luego volvió a la intendencia, tuvimos un año más amistad y todo se cortó hasta la fecha” relató.

“Pero no nos llama la atención que no venga. Tenemos una mala relación, pero aun así, pensamos que por tratarse de un grave atentado donde estuvo en juego las vidas de toda una familia, podría haber hecho una excepción”, se cuestionó.

Los daños, en el auto, computadoras, el transmisor de la radio fueron estimados en 80 mil pesos. El epílogo de este intento de acallar una labor periodística terminó también con el hijo hospitalizado de Carlos, Enzo Rodrigo Villanueva, su camarógrafo. Enzo tiene quemaduras en las manos, en las rodillas y diferentes excoriaciones en el cuerpo.

José Acho
Informe y fotos: Salta Libre.

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Corimayo: "Son hechos aislados..."

José Acho — 2010-08-24T03:46:00Z


Rubén Corimayo con Salta Libre

Luego del atentado contra el periodista de Cerrillos Carlos Villanueva todas la miradas apuntaban a Rubén Corimayo. Y Salta Libre fue al pueblo a buscar entrevistarlo. "Parece como que yo sería el causante de este hecho, cosa que lo niego terminantemente". Lejos de sentirse azorado por el hecho amenazó: "No se de qué me están acusando. Obviamente voy a accionar judicialmente para que se me desvincule de este hecho".

-Se registró un atentado, otro hecho de violencia contra el periodismo de Cerrillos. ¿Qué está pasando en el pueblo intendente?

Me sorprende su pregunta cuando me dice otro “hecho de violencia…”

-Lo digo porque ya han ocurrido otros episodios anteriores contra Villanueva y contra otros periodistas críticos a su gestión.

Sí, bueno. Pero yo te agradecería que no le demos ningún tipo de vinculación por cuestiones encontradas con el periodismo. Yo no me siento, ni perseguido ni agredido por el periodismo; ni me voy a prestar a ninguna maniobra vinculada a este tipo de situaciones. Respecto a la situación del señor Villanueva, esta mañana en diálogo con el comisario, me entero del hecho que un vehiculo había sido quemado. La Policía está investigando no saben y realmente cual puede ser el móvil de esta quema.

-Según un informe preliminar de bomberos y de criminalística, el incendio en la casa de Villanueva fue intencional. Le quemaron el auto, parte del equipamiento de la radio y de su casa. Su hijo, tuvo que ser internado por quemaduras graves por intentar apagar el fuego. ¿Esto no es un hecho grave para Ud.?

Por supuesto que sí. Inclusive yo le pedí a la gente de prensa nuestra que le fueran a ver al chico en el hospital y se pusieran a disposición de la familia. La verdad, con el señor Villanueva yo no tengo comunicación telefónica. Tengo su número, lo llamé en dos oportunidades pero no me contestó y le envié un mensaje de texto.

-Disculpe que insista, pero este es un atentado grave, típico de otras épocas. Aquí hay mucha delincuencia, hay enfrentamientos entre el periodismo ¿Qué puede estar sucediendo en Cerrillos?

La verdad, es que no tengo idea cual puede ser el móvil de esta situación.

-¿Cuál es su reacción frente a este atentado contra el periodista, su familia y sus bienes? ¿Qué hizo y que va a hacer al respecto aparte de llamarlo?

Que se investigue. Reitero mi solidaridad para con la familia del Sr. Villanueva. Enterado de este hecho que me lo comenta el comisario, obviamente le pedí que tuvieran atención en este caso y que se hicieran las investigaciones para dilucidar quienes son los responsables de un hecho tan lamentable. Y le digo más, enseguida comienzan a mirar para la Intendencia Municipal o comienzan a mirar a Corimayo. Parece como que sería el causante de este hecho, cosa que lo niego terminantemente.

-Le decía que esto se suma a otros hechos ocurridos en Cerrillos. ¿Ud. tiene una posición tomada en el sentido de falta de seguridad o al menos de protección al periodismo y la gente que está informando?

La verdad es que nosotros protegemos a toda la ciudadanía. En el tema seguridad, hacemos lo que a nosotros nos compete. Trabajar en el tema iluminación, hacer gestiones para que haya mas personal en las diferentes dependencias policiales. Vea Ud. sino trabajamos en el tema seguridad. En lo que va de mi gestión y la del doctor Urtubey, se han inaugurado tres nuevos edificios policiales en la jurisdicción municipal. Uno en los Vinares, en los Alamos y otro en el Municipio de Cerrillos. Realmente creo que se esta trabajando, nada más que son hechos que se producen aislados, los cuales lamentamos. Y vuelvo a insistir, la seguridad es responsabilidad de todos, pero hay instituciones como la Policía de la Provincia la que tiene que entender en este caso.

-Como político Ud. sabe que este tipo de atentados puede ser una señal de alerta o un mensaje… ¿Cómo es su relación con Villanueva?

Yo soy su compadre. Soy el padrino de uno de sus hijos. Esa es la relación que nos une…

Se lo pregunto porque no sería un hecho de delincuencia. Por las declaraciones de Villanueva y su abogado le atribuyen a Ud. la responsabilidad.

No se de que me están acusando. Obviamente voy a accionar judicialmente para que se me desvincule de este hecho y si ellos están haciendo aseveraciones, bueno que lo demuestren…

-Tiene Uds. algún problema con lo que Villanueva hace en radio o televisión…

Para nada. Villanueva tiene un medio local que en su momento le vendía servicios al Municipio. Bueno, se cortó esa relación entre contratante y contratado. No hay nada más.

-Entonces, Ud. que conoce bien Cerrillos, no sabe cual podría ser la causa de este atentado.

La verdad que no tengo idea. Le soy honesto… Imagínese. Es un hecho oculto. Como puedo saber yo porque lo pueden atacar a una determinada persona. La verdad me llama la atención su pregunta. Adivino no soy.

-Pero sabemos, este no es un hecho aislado…

Es un hecho aislado. La verdad es un hecho aislado y le repito lamento que este hecho se haya producido. Pero mal podría decirle, es por esta causa o es el motivo que generó el hecho. No tengo idea.

-¿Finalmente, Ud. repudia este acto de violencia?

Obviamente, repudio lo que sucedió, me solidarizo con él, con su familia, tal cual se lo hice saber.

-¿Fue por un mensaje de texto verdad? ¿Se puede saber que decía?

Sí, aquí lo tengo. Dice: “Carlos me enteré lo que sucedió en tu casa. No se en que puedo serte útil, contá conmigo…”.

¿Y en que lo podría ayudar?

En lo que él entienda que lo puedo ayudar, en lo que él entienda…

José Acho
Para Salta Libre

Ver más en: Periodismo bajo fuego en Cerrillos

López Sastre ya autorizó 30 mil Has. para desmonte

2010-08-23T18:19:31Z


Francisco López Sastre

La gestión del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable Francisco López Sastre, iniciada hace dos meses, ya autorizó dos desmontes que involucran unas 32.414 hectáreas. Según Nuevo Diario de Salta, sin las superficies destinadas a cortinas forestales y sistemas de reserva, queda un total de unas 26.184 hectáreas que serán desmontadas.

Así surge de las averiguaciones que realizó Nuevo Diario en la Secretaría de Política Ambiental, a cargo de Sebastián Varela, quien al ser buscado por este medio en la dependencia, dispuso como respuesta que las consultas sean intermediadas por sus encargados de prensa.

Según se indicó en el Programa Legal de la dependencia, los desmontes autorizados son los de la empresa El Alba SA, que había solicitado autorización para habilitar el desmonte de 9914 hectáreas para ganadería, en las superficies que conformaban parte del ex Lote Fiscal 37 de Tolloche, en Anta, y que fueran adquiridas por contratación directa tras la venta instrumentada en el gobierno de Juan Carlos Romero en 2006.

En el informe de impacto ambiental presentado por esta empresa, se indicó que la habilitación para el desmonte será sobre 8.250 hectáreas. La audiencia pública para autorizar este desmonte fue el pasado 29 de abril. El segundo desmonte que se informó, fue autorizado, es en Finca Las Cien Leguas a nombre de Pedro y Nélida Segura y Pedro Molina Pardo.

La audiencia pública, según el aviso publicado en el Boletín Oficial, se realizó el pasado 21 de mayo, a fin de autorizar el desmonte de 22.500 hectáreas, también en Anta. El informe de impacto ambiental presentado por la empresa, indicaba que 4.566 hectáreas serán destinadas a cortinas forestales 1800 a desbarejado, y 16.134 hectáreas a un desmonte neto.

Empresas y particularidades

Al analizar los informes presentados por ambas empresas para pedir la autorización del desmonte, surgieron algunas particularidades. En las tierras en las que El Alba solicitó la habilitación de tierras, se encontraba el reclamo de pastajeros que vivían dentro de ellas. En este caso, la ex secretaria de Política Ambiental, Cristina Camardelli, había indicado que la empresa se había comprometido a entregar 1600 hectáreas a estos puesteros.

En el caso de Las Cien Leguas, del informe se desprendía que el expediente había sido iniciado en 2007 por Miguel Segura quien otorgó "en dación" las tierras a fines del año pasado a personas que llevan su mismo apellido. Y es que el ex titular de las tierras se encuentra inscripto en el registro de infractores y reincidentes por haber incurrido en un "daño ambiental grave", en 2007.

Esto, según se explicó desde la dependencia oficial, implica que se encuentre inhabilitado para producir cualquier tipo de actividad que deba ser controlada por Ambiente por al menos 5 años, desde el momento de la sanción dispuesta. El 22 de diciembre de 2009, Segura había pagado una multa de $15.400 y, tras el traspaso de las tierras, el administrador del Sistema Administrativo Financiero (SAF).

Ya en aquel momento, se indicaba que el ex ministro Julio Nasser, había ordenado que el trámite de este expediente sea "de urgente y prioritario trámite". Gestión Nasser Cuando el gobierno de Juan Manuel Urtubey decidió disponer la salida del ex titular de Ambiente, Julio Nasser, del Ministerio, algunos medios indicaron que ello surgía por la autorización de desmontes.

Sin embargo, desde 2007 hasta que duró su gestión, Nasser solo había autorizado, este año, un desmonte de 5.521 hectáreas de estancia Las Lomas, también de Anta.

La política de López Sastre

“Las instrucciones fueron muy claras y, a partir de mi gestión como ministro, solamente se autorizan desmontes en las zonas verdes demarcadas en el ordenamiento territorial, que no estén bajo el amparo de la corte suprema de justicia", dijo López Sastre respecto a su política ambiental.

"Solamente se autorizan módulos chicos, de baja superficie y de ahí se seguirá avanzando: 1500 (mil quinientas) hectáreas para agricultura, 3000 (tres mil) hectáreas para ganadería. Bajo ninguna circunstancia se autorizarán grandes superficies, en esto las directivas son claras”, sostuvo.

Desde el ministerio se asegura que se avanzó en el último mes en el monitoreo y control de los desmontes. Una de las acciones que destacó fue la prohibición total de la quema de los cordones forestales que se realizaban generalmente durante un desmonte.

“Actualmente hemos estado trabajando con las comunidades y demás actores involucrados para aprovechar la madera que surge de los cordones forestales, esto es un gran avance porque evita el daño ambiental de la quema, genera mano de obra y asegura que se cumpla con toda la Legislación amiental moderna con que cuenta la provincia”, aseguró López Sastre.

Estado policial y tolerancia "0" en Salta

2010-08-23T17:53:49Z

El Partido Comunista de Salta repudia en un comunicado la puesta en marcha por parte de la Policía, que comanda el Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Pablo Kosiner, de una medida represiva y extorsiva, y hace un llamado a la sociedad salteña a rechazar este plan que aseguran: "se ha puesto en marcha en toda la provincia".

En un comunicado el PC Salta, expresa textualmente "Desde el jueves 19/8 el Gobierno de Salta ha puesto en marcha en toda la provincia el denominado plan represivo “tolerancia 0” con la excusa de que están migrando a nuestra provincia delincuentes de la zona sur del país (sic) por lo cual desde ahora a toda persona con pinta de sospechosa o a aquellos que anden de a dos en una moto van a ser detenidos por la policía para realizarles una pesquisa y averiguar sus antecedentes.

Es este plan una muestra más del proto fascismo y el conservadurismo militante del gobernador Juan Manuel Urtubey que, como queda expresado en su plan de gobierno recurre a los métodos más retrógrados e impunes para instalar en Salta un “pseudo estado de sitio” doblemente peligroso pues se esconde tras la bruma de la defensa de la “seguridad de los ciudadanos” para justamente atentar contra sus libertades más básicas.

El Partido Comunista de Salta repudia esta medida represiva y extorsiva y hace un llamado a la sociedad salteña a rechazar este plan y a exigir tolerancia cero para el hambre, tolerancia cero para la desocupación, tolerancia cero para el robo de las tierras de los pueblos originarios, tolerancia cero a la supresión de las libertades de los ciudadanos".

Fuente: www.pcsalta.org.ar.