Saltalibre

Prensa, papel y tijeras

Héctor Alí — 2010-09-04T23:14:51Z

En los albores del gobierno alfonsinista, cuando las tapas de las violaciones a los derechos humanos saltaban por los aires y se conocían las atrocidades de la represión ilegal, el entonces ministro del Interior, Antonio Tróccolli, pretendió catalogar el enfrentamiento y la tragedia ocurrida durante la dictadura con la teoría de los "dos demonios".

El político balbinista buscaba equiparar las acciones guerrilleras con el terrorismo de Estado que asoló el país a partir del golpe del 24 de marzo de 1976. El devenir de la historia pulverizó aquella estrategia que tendía a establecer una funesta simetría entre ambos bandos y justificar de ese modo el ataque a toda la sociedad practicado por el gobierno militar.

El actual enfrentamiento entre el Gobierno y algunos medios de prensa, principalmente con el Grupo Clarín, parece remitir a aquel fenómeno, con dos sectores "demonizados" entre sí.

En la Argentina, el necesario correlato, la armonía y la convivencia civilizada entre el poder político y el periodismo en todos sus niveles, desapareció bajo las orugas de los tanques que combaten en ese verdadero campo minado que es la guerra entre el "oficialismo" y los "medios opositores”. Una batalla donde no parece haber conciliación posible, ni marcha atrás.

Una confrontación a matar o morir, que mantiene a la sociedad como rehén y espectador atónito soportando los embates de uno y otro lado. En ese contexto, se mezclan algunos roles y todo se vuelve difuso en cuanto a las responsabilidades que cada uno debe asumir. La delgada línea roja es cruzada por ambos en uno y otro sentido, casi cotidianamente.

La sanción de la Ley de Medios fue la primera gran acción oficial, con la pretensión de “democratizar” el espectro audiovisual y terminar con los “monopolios”. Lo cual obligó a una inmediata reacción legal por parte de los medios afectados que denunciaron la “inconstitucionalidad” de la medida, cuya resolución aun está pendiente de ser dirimida en los más altos estrados de la Justicia. A eso le siguieron marchas fogoneadas por el oficialismo en las cuales fueron escrachados periodistas del Grupo Clarín y poco después un “juicio público” a comunicadores sindicados como colaboradores· del Proceso, impulsado por organismos de derechos humanos. Para esa misma época, también desde la Casa Rosada, se insistió con vehemencia por el avance de las investigaciones sobre la identidad de los hijos adoptivos de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble.

La medida mas reciente en medio del combate contra el grupo multimedio, fue la anulación de la licencia de Fibertel como proveedor de Internet, otra resolución que deberá ser resuelta en la Justicia.

Pero el ejemplo mas contundente de que el Gobierno siempre “va por mas”, fue la presentación de “la verdad” sobre Papel Prensa, con la conducción estelar de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una transmisión cuyo montaje televisivo utilizó tiempos y planos propios de programas periodísticos.

Las repercusiones desde la mirada oficial se relegaron a la llamada Televisión Pública. Alli, su nave insigna, el programa 6-7-8, exhibió un documental elaborado en la usina mediática del oficialismo, donde descollan Tristan Bauer y Diego Gwirts, en el cual se sustentó la hipótesis oficial con la documentación recolectada por Guillermo Moreno y los testimonios “reveladores” de Lidia y Osvaldo Papaleo.

La denuncia involucró directamente a los principales socios de PP, Clarín y La Nación, acusados previamente por algunos medios oficialistas, de haberse apropiado de la empresa en “la mesa de tortura”.

Las revelaciones posteriores de Isidoro Graiver y Maria Sol, la hija de Lidia Papaleo, mas algunos artículos referidas a capítulos aún no del todo esclarecidos de la historia reciente, como las exigencias de Montoneros a la viuda de Graiver y la falta de coincidencia en las fechas y situaciones mencionadas en la informe, desmontaron gran parte de la historia oficial. El Gobierno terminó por enviar un escueto proyecto al Congreso, en el cual reclama facultades para declarar de “utilidad pública” la fabricación y distribución del papel de diario, que parece tener destino incierto.

En la otra trinchera, la oposición se aglutinó para rechazar enfaticamente este nuevo “ataque la libertad de prensa” y denunciar lo que considera el intento oficial de apropiarse de Papel Prensa. En tanto, también se dió tiempo para tratar algunos temas que se promocionan a través de los medios “contrarios· que desde el punto de vista oficial, se “asocian” a la oposición para obstaculizar la gestión del Ejecutivo con fines “desestabilizadores”. Como ejemplo, se mencionan la baja de las retenciones al campo, la anulación de las facultades delegadas y la sanción del 82 por ciento móvil para los jubilados, que según CFK, podría llevar al país al “default”.

Por fuera de la política, lo que más irrita al oficialismo es la profusa información que se publica sobre eventuales hechos de corrupción que complican al matrimonio presidencial y algunos de sus funcionarios. Los teóricos del kirchnerismo, desechan la idea de asociar la corrupción a la política y piensan, que aún a costa de la incursión en eventuales delitos, desde el Gobierno se están gestando acciones sino revolucionarias, al menos restauradoras (reestatizaciones de empresas públicas, anulación de las AFJP, impulso a los juicios por violación a los derechos humanos, etc), que merecen ser apoyados. No parecen recalar en que la corrupción, en todas las épocas, es un agujero negro donde se pierden fondos que son negados a los sectores más vulnerables de la sociedad.

En ese sentido, los detractores de los medios no oficialistas, afirman que no hay en ellos una actitud genuina de crítica o denuncia hacia el gobierno, sino la defensa de intereses que responden a los más altos niveles del poder económico concentrado, presuntamente afectados por las políticas de la actual gestión. Para los mas escépticos, a esto se asocia la ideología ultraconservadora de la "derecha", lugar donde radican los focos conspirativos mas activos, “infiltrados” por agentes de la CIA, dispuesto a demoler el modelo "progresista" y de "izquierda" que encara el gobierno kirchnerista.

En tanto, los medios que no comulgan con los K, afirman que sufren "acoso", "persecusión" y "censura" por parte del Gobierno, el cual, dicen, no escatima un accionar constante de "difamación" y "calumnia" en su tozudo intento de silenciar la opinión crítica y la información desfavorable. Desde esas páginas se acusa al oficialismo de actuar con espíritu "revanchista" y "totalitario", con el objetivo de eliminar cualquier atisbo de prensa independiente y poner todo el espectro bajo la tutela del ·monopolio estatal.

Afirman que para ello, el Gobierno utiliza un gigantesco aparato propagandístico a través de la desmesurada pauta oficial que reparte entre medios oficialistas y de escasa tirada (Página 12, Tiempo Argentino, Veintitres, Duro de Domar, TVR, etc) y el alto presupuesto que se destina a mantener los espacios propios (Televisión Pública, 6-7-8, Futbol para Todos, etc).

Hay sobrados ejemplos en la historia donde los gobiernos trataron de amordazar a la prensa o ejercer algún tipo de censura. También sobran los ejemplos de la resistencia ejercida por medios independientes para enfrentar los abusos del poder. La ventaja sobre los medios es que la mayoría permanece y los gobiernos pasan.

Muchos aún se preguntan como se llegó al nivel actual de confrontación, sobre todo habiendo compartido un período estable y de relaciones amistosas, con concesiones mutuas. La duda principal es cómo termina la historia, en donde cada uno está dispuesto a llegar hasta las “ultimas consecuencias”.

Hector Alí
Periodista

¿Esclavitud del Siglo XXI en Cafayate?

Idangel Betancourt — 2010-09-02T01:19:43Z

Cafayate (Informe especial) No se trata de un comentario del Padre de las Casas sobre los abusos y crueldades que eran cometidos en Las Indias, el atropello ocurrió el pasado verano en la localidad de Santa Bárbara, Cafayate, según el relato de un grupo de abogados del Sindicato Vitivinícola quienes representan al campesino ultrajado Rafael Escalante.

Escalante, reclamó a su empleador Rosa Carrizo el pago de su tercio. Este pago consiste en que de cada tres animales que nacen, uno pertenece al campesino, quien los cuida en condiciones precarias en los cerros de Santa Bárbara. Los abogados relataron a Salta Libre que Escalante vive en una cueva en la montaña.

A finales del 2009, cuando llegó la fecha de vender los animales, Rosa consiguió meter preso por una noche a Escalante y cuando este volvió el empleador había vendido a todos los animales incluidos los que formaban parte de su pago. Cuando Rafael Escalante reclamó su pago, el patrón desde el caballo lo castigó a latigazos.

Cuando los abogados tomaron conocimiento del hecho no pudieron emprender una causa por el maltrato, el cual fue denunciado también por la Comunidad Suri Diaguita Calchaquí, ya que no pudo ser verificado a tiempo por un médico legal. Entonces el empleado se dio por despedido. Pero Rosa Carrizo no ha respondido a la carta documento, por lo que Rafael Escalante sigue todavía cuidando los animales sin que sus derechos sean reconocidos.

El turismo y precarización laboral

Los abogados del Sindicato Vitivinícola Fernando Andrés López, Esteban Martearena Pastor R. Torres, Román Salím y Mariam Salím, dijeron a Salta Libre que no son vistos con buenos ojos por la Cámara de Comercio y Turismo de Cafayate, en el tiempo que llevan trabajando en los valles han iniciado cientos de litigios en contra de las bodegas y los hacendados.

Las violaciones a los derechos laborales que más se registran son la penuria salarial, el no reconocimiento de los accidentes de trabajo y la utilización de las figuras como la empleado eventual cuando el trabajo es por temporada en relación con el ciclo de la vid.

Para Fernando Andrés López, el turismo ha sido un factor más de empobrecimiento del trabajador, ya que “el empleador en lugar de ser más solidario con el aumento de las ganancia, aumenta la explotación”. Lo que trae como consecuencia que el trabajador tenga mayor carga horaria y se le pague mal o directamente no se le pague. El abogado explica también que la mayoría de los casos no llegan a juicio porque el damnificado cede a la presión del empleador.

Otro ejemplo concreto de la distancia entre desarrollo turístico y desarrollo económico y cultural de Cafayate, lo aporta la senadora provincial de la UCR Claudia Silvina Vargas, quien pidió que el Poder Ejecutivo incorpore en el proyecto de presupuesto ejercicio 2011 una lista obras para la Ciudad de Cafayate con el objeto de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de esa localidad.

Así, mientras las viñas y el turismo se esparcen por el territorio cafayateño, Vargas reclama en un larga lista presupuesto para un Centro Cultural, la construcción de la Terminal de Ómnibus, una nueva planta potabilizadora de agua, reparación del Cine-Teatro, construcciones de centros deportivos, etc. Necesidades que hasta ahora no han formado parte de ningún programa de responsabilidad social de los patrones viñateros cafayateños.

Piden el cese de la catequización compulsiva

2010-09-01T00:52:00Z

A dos años de la implementación de la enseñanza religiosa en las escuelas de Salta y luego de una minuciosa reflexión y dada la importancia que tiene para el desarrollo moral y para la salud mental de una sociedad este tema, el Espacio Carta Abierta Salta hizo público su enérgico reclamo para que cese la catequización compulsiva en las escuelas públicas del territorio provincial.

El documento de Carta Abierta Salta solicitó el cese de la educación religiosa en las escuelas públicas provinciales y espresa aquí sus principales fundamentos:

Fundamentos Eticos

El principal motivo por el cual se ha defendido la enseñanza religiosa en las escuelas ha sido la defensa de la necesidad de dar valores morales, espirituales y ejemplos éticos a los jóvenes, valores que les den herramientas para interpretar un mundo difícil, contradictorio y a veces sombrío. El argumento en principio parece razonable.

En efecto la religión católica, como todas las grandes religiones universales, tienen valiosos criterios de convivencia que podrían ser útiles a nuestros chicos. Sabemos que Jesús de Nazareth incorpora al antiguo tronco del judaísmo un mandamiento basado en un principio humanista: Ama a tu prójimo como a ti mismo, principio que es la base de la abolición de toda discriminación.

La idea del “amor al prójimo” y no la enunciación de un amor universal abstracto, implica para los cristianos el compromiso con los que están a su alrededor. Para los chicos de la escuela pública el ejercicio de este amor, de esta tolerancia, de esta solidaridad, de esta no discriminación, de esta aceptación de las diferencias tan bien ejemplificada en los evangelios, se ejerce entonces con sus propios compañeritos.

Sería hermoso que esto fuera lo que se enseñara, pero no es así y no puede serlo porque la enseñanza de la Religión Católica en las escuelas públicas implica, si o si, una discriminación y la vulneración de los derechos de las minorías de otros cultos, ateos y no creyentes.

Los testimonios recogidos por los pocos padres que se atreven a autorizar que sus hijos no asistan a las clases de Religión son preocupantes. A la humillante exclusión a que se los somete, se suman comentarios discriminatorios de los niños asistentes a las clases de religión hacia los que no asisten como “te va a llevar el demonio” y otras frases de similar factura.

No podemos explicarnos como pueden enseñar los catequistas acerca del Amor al prójimo sin caer en hipocresía y sin dar ellos mismos un pésimo ejemplo cuando a aquellos niños que profesan otros cultos o que no profesan ninguno o, a aquellos cuyos padres católicos preferirían elegir ellos mismos sus maestros de catequesis, los tienen que sacar del aula de una escuela pública para que deambulen como si tuvieran hora libre o para que vayan a la Biblioteca como si hubiera faltado el profesor.

También es humillante que atemorizados por la discriminación a que se pueda someter a sus hijos, muchos padres les alientan a asistir a las clases de religión aunque no estén de acuerdo con los contenidos que en ellas se imparten.

Esos padres están al borde de la extorsión moral, otra lacra y otro mal ejemplo para los jóvenes ya que obliga a esas familias a claudicar del derecho que les ha sido otorgado por las leyes de educar a sus hijos en sus propias convicciones, derecho que hoy el Ministerio de Educación salteño les desconoce.

No se puede predicar lo que no se practica. No hay en la discriminación religiosa ni una pizca de amor. Hay abuso de poder hacia las minorías religiosas y hay doble moral Tal vez los señores catequistas, para no caer en contradicciones, hayan omitido la enseñanza de este mandamiento esencial en la fe cristiana. En ese caso ya no estarían enseñando la religión católica. No sería extraño, por último, que esta actitud abusiva por parte del culto mayoritario pudiera terminar alentando violencia religiosa o intolerancia, pesadilla hoy tan ajena al espíritu del pueblo salteño y tan de moda en la violencia mundial.

Fundamentos históricos

Se nos dice que Salta tiene sus tradiciones. Es cierto. Con fundamento se enorgullece de ellas. Queremos recordar al Señor Gobernador de la Provincia de Salta, al Sr. Ministro de Educación de la Provincia y a los grupos fundamentalistas y sectarios de presión dentro de la Iglesia Católica que en Salta se libraron arduas batallas hace doscientos años; queremos recordar que en esas batallas hubo católicos y no católicos de ambos bandos y que, además de derrotar a los realistas, aquellos patriotas que siguieron a Martín Miguel de Güemes y al General José de San Martín, también derrotaron a una institución nefasta para la historia del cristianismo y para la historia de la humanidad: la Santa Inquisición.

Sobre la transparencia económica

Siendo la Iglesia Católica la única institución religiosa que recibe financiación del Estado Nacional para el mantenimiento de sus miembros y fondos del Estado Provincial para el subsidio de escuelas que promueven el culto católico y siendo esta financiación justamente destinada a mantener y a promover esta religión en su condición de ser, según el orden jurídico vigente, la Religión Oficial de la República Argentina, entendemos que la Arquidiócesis salteña ya recibe un monto muy importante de dinero público obtenido de los impuestos que paga la totalidad de la población conformada por católicos y no católicos, creyentes y no creyentes y que estos fondos ya están destinados a difundir las convicciones de la iglesia Católica Apostólica Romana incluyendo claramente como tarea principal la catequesis.

Entendemos entonces que, destinar además una parte del presupuesto del Ministerio de Educación de la Provincia de Salta a pagar a los maestros de Religión para promover los mismos fines que ya se sostienen por otro lado constituye en la práctica una doble financiación y podría entenderse como malversación de fondos públicos o como una diferencia abusiva de recursos fiscales destinada a la promoción de uno solo de los cultos a los cuales adhiere la población de la provincia, pero no la totalidad.

Fundamentos jurídicos

La ley 1420 del año 1884 postuló los principios en materia educativa y ha sido una de esas leyes que tuvo la fuerza suficiente para otorgarnos una de nuestras características como Nación. Dicha ley, aún vigente, en su artículo octavo excluye la enseñanza de religión dentro del horario de clases en las escuelas públicas.

Entendemos que esta imposición a los educandos, implica una grave violación al derecho de igualdad consagrado en el Art. 16 de nuestra Constitución Nacional, que establece “Todos sus habitantes son iguales ante la ley”. Lesiona además otra importante ley nacional como es la que legisla sobre discriminación (Nº 23.592) que dispone sanciones a “Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional (…) se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión….”

Nuestra misma Constitución salteña expresa en el Art. 11 que “nadie puede ser obligado a declarar la religión que profesa”, y la ley cuestionada contrariando este principio constitucional dispone en los hechos que cada alumno, o sus familiares, declaren si tienen o no alguna religión y en su caso la identifiquen.

Otra ley de importancia que contradice la legislación provincial criticada y puesta en práctica por el Ministro de Educación salteño es la de Habeas Data que afirma que “Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles.”.

La ley federal de educación en su artículo octavo regula el “derecho a aprender, mediante la igualdad de oportunidades y posibilidades, sin discriminación alguna”. La normativa provincial vulnera groseramente esta ley nacional al establecer la obligatoriedad de la enseñanza religiosa, agravado por lo que en la práctica ha implicado la expulsión de los niños de las aulas cuyos padres no desean que a sus hijos los adoctrine un catequista formado por el arzobispado de Salta.

Por último debe destacarse que quienes invocan a favor de la ley cuestionada el Art. 49 de la Constitución de la provincia, se equivocan en su fundamento por dos razones: la primera de ellas es que tal y como ha quedado demostrado no se brinda educación religiosa de acuerdo a las convicciones de los padres, si no que se imparte la religión católica como religión y eso contradice expresamente al artículo mencionado; por otro lado no son pocos los constitucionalistas que opinan que dicho artículo es inconstitucional por cuanto un estado provincial no puede dictar normas que contraríen la Constitución Nacional y las leyes que se dicten en consecuencia.

Conclusiones

Por lo expuesto los miembros de Carta Abierta Salta opinan que podría entenderse como razonable que se dictaran clases de cultura religiosa o clases de historia de todas las religiones y que es posible que este conocimiento podría mejorar la comprensión del mundo por parte de los más jóvenes, pero de ningún modo se entiende que el enfoque actual de invertir fondos públicos en la enseñanza de una sola religión mejorará la calidad moral ni espiritual de nadie.

Queremos recordar por último a las autoridades provinciales y a las autoridades de la Iglesia Católica que lo que dijo Jesús de Nazareth fue: “Dejad que los niños vengan a mi”. Jamás hubiera dicho: “obligad a los niños a que vengan a mi”.

Esta carta fue enviada a:

El Sr. Gobernador de la Provincia de Salta.
Al Ministro de Educación de la Provincia de Salta
A los señores Jueces y Fiscales encargados de tratar este tema.
A las autoridades de la Iglesia Católica y a sus fieles.
A las autoridades y miembros de todos los credos religiosos y espirituales que se profesan en la Provincia de Salta.
Y al colectivo de ateos, no creyentes y agnósticos.

Carta Abierta Salta es un espacio de reflexión y debate en donde convergen personas de distinta extracción y pertenencia política y religiosa que tienen el objetivo común el desandar las políticas neoliberales, recuperar el aparato productivo, fortalecer al Estado y contribuir a una más equitativa distribución de los recursos.

López Sastre ya autorizó 30 mil Has. para desmonte

2010-08-23T18:19:31Z


Francisco López Sastre

La gestión del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable Francisco López Sastre, iniciada hace dos meses, ya autorizó dos desmontes que involucran unas 32.414 hectáreas. Según Nuevo Diario de Salta, sin las superficies destinadas a cortinas forestales y sistemas de reserva, queda un total de unas 26.184 hectáreas que serán desmontadas.

Así surge de las averiguaciones que realizó Nuevo Diario en la Secretaría de Política Ambiental, a cargo de Sebastián Varela, quien al ser buscado por este medio en la dependencia, dispuso como respuesta que las consultas sean intermediadas por sus encargados de prensa.

Según se indicó en el Programa Legal de la dependencia, los desmontes autorizados son los de la empresa El Alba SA, que había solicitado autorización para habilitar el desmonte de 9914 hectáreas para ganadería, en las superficies que conformaban parte del ex Lote Fiscal 37 de Tolloche, en Anta, y que fueran adquiridas por contratación directa tras la venta instrumentada en el gobierno de Juan Carlos Romero en 2006.

En el informe de impacto ambiental presentado por esta empresa, se indicó que la habilitación para el desmonte será sobre 8.250 hectáreas. La audiencia pública para autorizar este desmonte fue el pasado 29 de abril. El segundo desmonte que se informó, fue autorizado, es en Finca Las Cien Leguas a nombre de Pedro y Nélida Segura y Pedro Molina Pardo.

La audiencia pública, según el aviso publicado en el Boletín Oficial, se realizó el pasado 21 de mayo, a fin de autorizar el desmonte de 22.500 hectáreas, también en Anta. El informe de impacto ambiental presentado por la empresa, indicaba que 4.566 hectáreas serán destinadas a cortinas forestales 1800 a desbarejado, y 16.134 hectáreas a un desmonte neto.

Empresas y particularidades

Al analizar los informes presentados por ambas empresas para pedir la autorización del desmonte, surgieron algunas particularidades. En las tierras en las que El Alba solicitó la habilitación de tierras, se encontraba el reclamo de pastajeros que vivían dentro de ellas. En este caso, la ex secretaria de Política Ambiental, Cristina Camardelli, había indicado que la empresa se había comprometido a entregar 1600 hectáreas a estos puesteros.

En el caso de Las Cien Leguas, del informe se desprendía que el expediente había sido iniciado en 2007 por Miguel Segura quien otorgó "en dación" las tierras a fines del año pasado a personas que llevan su mismo apellido. Y es que el ex titular de las tierras se encuentra inscripto en el registro de infractores y reincidentes por haber incurrido en un "daño ambiental grave", en 2007.

Esto, según se explicó desde la dependencia oficial, implica que se encuentre inhabilitado para producir cualquier tipo de actividad que deba ser controlada por Ambiente por al menos 5 años, desde el momento de la sanción dispuesta. El 22 de diciembre de 2009, Segura había pagado una multa de $15.400 y, tras el traspaso de las tierras, el administrador del Sistema Administrativo Financiero (SAF).

Ya en aquel momento, se indicaba que el ex ministro Julio Nasser, había ordenado que el trámite de este expediente sea "de urgente y prioritario trámite". Gestión Nasser Cuando el gobierno de Juan Manuel Urtubey decidió disponer la salida del ex titular de Ambiente, Julio Nasser, del Ministerio, algunos medios indicaron que ello surgía por la autorización de desmontes.

Sin embargo, desde 2007 hasta que duró su gestión, Nasser solo había autorizado, este año, un desmonte de 5.521 hectáreas de estancia Las Lomas, también de Anta.

La política de López Sastre

“Las instrucciones fueron muy claras y, a partir de mi gestión como ministro, solamente se autorizan desmontes en las zonas verdes demarcadas en el ordenamiento territorial, que no estén bajo el amparo de la corte suprema de justicia", dijo López Sastre respecto a su política ambiental.

"Solamente se autorizan módulos chicos, de baja superficie y de ahí se seguirá avanzando: 1500 (mil quinientas) hectáreas para agricultura, 3000 (tres mil) hectáreas para ganadería. Bajo ninguna circunstancia se autorizarán grandes superficies, en esto las directivas son claras”, sostuvo.

Desde el ministerio se asegura que se avanzó en el último mes en el monitoreo y control de los desmontes. Una de las acciones que destacó fue la prohibición total de la quema de los cordones forestales que se realizaban generalmente durante un desmonte.

“Actualmente hemos estado trabajando con las comunidades y demás actores involucrados para aprovechar la madera que surge de los cordones forestales, esto es un gran avance porque evita el daño ambiental de la quema, genera mano de obra y asegura que se cumpla con toda la Legislación amiental moderna con que cuenta la provincia”, aseguró López Sastre.

Estado policial y tolerancia "0" en Salta

2010-08-23T17:53:49Z

El Partido Comunista de Salta repudia en un comunicado la puesta en marcha por parte de la Policía, que comanda el Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Pablo Kosiner, de una medida represiva y extorsiva, y hace un llamado a la sociedad salteña a rechazar este plan que aseguran: "se ha puesto en marcha en toda la provincia".

En un comunicado el PC Salta, expresa textualmente "Desde el jueves 19/8 el Gobierno de Salta ha puesto en marcha en toda la provincia el denominado plan represivo “tolerancia 0” con la excusa de que están migrando a nuestra provincia delincuentes de la zona sur del país (sic) por lo cual desde ahora a toda persona con pinta de sospechosa o a aquellos que anden de a dos en una moto van a ser detenidos por la policía para realizarles una pesquisa y averiguar sus antecedentes.

Es este plan una muestra más del proto fascismo y el conservadurismo militante del gobernador Juan Manuel Urtubey que, como queda expresado en su plan de gobierno recurre a los métodos más retrógrados e impunes para instalar en Salta un “pseudo estado de sitio” doblemente peligroso pues se esconde tras la bruma de la defensa de la “seguridad de los ciudadanos” para justamente atentar contra sus libertades más básicas.

El Partido Comunista de Salta repudia esta medida represiva y extorsiva y hace un llamado a la sociedad salteña a rechazar este plan y a exigir tolerancia cero para el hambre, tolerancia cero para la desocupación, tolerancia cero para el robo de las tierras de los pueblos originarios, tolerancia cero a la supresión de las libertades de los ciudadanos".

Fuente: www.pcsalta.org.ar.

¿Impunidad por el asesinato de Isidro?

Dr. Carlos María Romero Sosa — 2010-08-22T17:02:00Z

Escucho y leo –scripta manent- opiniones de colegas que entienden que es “forzar las normas del Derecho” (Diario Clarín, 7-08-10) la recaratulación como homicidio de la causa por el crimen de Isidro Píparo, ocurrido con motivo de una salidera bancaria perpetrada por delincuentes luego que su madre, Carolina, actualmente en terapia intensiva debido a los disparos y golpes recibidos en la ocasión, extrajo una suma de dinero en una sucursal platense del Banco Santander Río.

Claro que con buen criterio el titular del Juzgado de Garantías donde tramitan los autos no piensa de ese modo y tampoco el doctor Romero, fiscal instructor interviniente.

En cambio, algo curioso, los penalistas que sostienen lo contrario remiten al Código Civil y argumentan que Vélez Sársfield habla de las “Personas por nacer” (Título III) creando -presuntamente- una categoría particular y restringida de la personalidad, una suerte de acotación o restricción de ella. Y eso cuando no interpretan en forma más libre y extrema, como por ejemplo el ex magistrado Eduardo Gerome, quien en un reportaje publicado en Clarín (6-08-10) dijo o le hicieron decir malinterpretando quizá sus palabras: “No puede hablarse de homicidio contra una persona que no está viva. Alguien es considerada persona a partir de que nace”.

Una tesis que al sostener la falta de vida de alguien en gestación y negarle por consiguiente personalidad, colisiona de lleno con la Convención sobre los Derechos del Niño con rango constitucional (Artículo 75 inciso 2 de nuestra Carta Magna), Convención que según el texto ratificatorio de la ley 23849 (B.O. 22-10-990) establece en su artículo 2 que “la República Argentina entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad.”

En cuanto a la filosofía del Código Civil, evidentemente mal podría haber razonado diferente el cordobés Vélez, autor de estudios sobre Derecho Eclesiástico. Téngase en cuenta que como enseña Eduardo B. Busso en el Código Civil Anotado que se publicó bajo su dirección (Tomo I, Ediar Editores, Buenos Aires, 1958), el precepto legal (de persona) encierra una definición como sujeto de derecho. Y más adelante subraya el mismo jurista: “La noción de persona tiene una importancia fundamental, porque todo el derecho ha sido creado en vista a los intereses de las personas humanas, o bien, como decía el aforismo romano “hominum causa omne jus constitutum est” (El derecho ha sido constituido por causa de los hombres.)


El hermano de Carlona Píparo

Es que al caracterizar el codificador la condición de “personas por nacer”, apunta no a menoscabar o discutir el concepto de vida en gestación sino por el contrario a protegerla; y eso sí reconociéndole al no nacido, una “capitis deminutio”, precisamente una capacidad disminuida para ejercitar ciertos derechos, cosa que deberá hacerse a través de representantes; disposición que resulta evidente lo es en salvaguardia de los futuros intereses del nonato como se desprende del artículo 64 CC referido a la representación de las personas por nacer que hubieren de adquirir bienes por donación o herencia.

Para mayor abundamiento la nota al Art. 63 del Código Civil dice que “Las personas por nacer no son personas futuras pues ya existen en el vientre de la madre…” Y el Art. 70 del mismo cuerpo afirma sin dejar dudas: “Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas” (sin aditamento); por lo que a renglón seguido les reconoce la posibilidad de adquirir derechos. Algo que convalidó la Corte Suprema (Fallos: 330: 2304) en un juicio que reconoció la capacidad de ser acreedor de la indemnización de la ley 24411 a un “niño por nacer” víctima fatal en el seno materno del terrorismo de Estado; una jurisprudencia que comentó en el diario La Nación el ex ministro de la Corte de Justicia de la Nación, doctor Rodolfo Barra en marzo de 2009 en la nota titulada “Los derechos del embrión humano”.

Bien, si Isidro Píparo fue antes y por supuesto después del parto una persona para el Derecho Civil y si el Código Penal Argentino, que inicia en el Art. 79 la individualización de las conductas humanas penalmente relevantes -en terminología de Raúl Zaffaroni en su “Teoría del delito”-, describe allí precisamente los comportamientos dirigidos contra las personas (Título I del Libro Segundo), qué duda cabe sobre la calificación del hecho delictivo que conmociona al país todo, bajo la figura típica de homicidio ya que no aborto doloso en razón de haber nacido vivo, luego de practicarse a la madre una cesárea de urgencia.

Corresponderá al Ministerio Fiscal y a la querella probar el nexo causal entre el disparo a la madre -próxima a dar a luz y con signos evidentes de gravidez a punto tal que el parto estaba programado para unos días después de ocurrida la tragedia- y la muerte del infante a una semana de nacer.

Carlos María Romero Sosa
Abogado y escritor, su último libro es “Fanales Opacados” (2010).
Blog: http: //poeta-entredossiglos.blogspot.com
Especial para Salta Libre

El kirchnerismo ya tiene quien lo aplauda

Daniel Cadabón — 2010-08-21T17:27:00Z

El mecanismo se hizo frecuente en los últimos años: el anuncio de medidas oficiales se sostienen en el marco de esplendor que brinda la arquitectura ecléctica de los salones de la rosada; a cada palabra brota el aplauso fácil de funcionarios y alcahuetes del poder, mientras el abuso de los rituales y de la oratoria demagógica y de modismo juveniles e híbridos intentan darle una forma rutilante y popular a un remedo del odioso pasado neoliberal.

Otorgar un supuesto carácter popular, en medio de la espectacularidad de las tomas de la TV oficial: a los anuncios de acuerdos con el Club de París; al pago de deuda con reservas; a los acuerdos mineros con la Barrick Gold; al futuro veto del 82% móvil a los jubilados; a un salario mínimo que no supera el 40% de la canasta familiar; al desesperado pedido “a los empresarios de que piensen con el bolsillo” – como si alguna vez pensaran con otra cosa- es posible, sólo si el discurso se sostiene en el esplendor de un ritual clásicamente futbolero (en palabras de la presidenta) ajustado a un público de funcionarios mediocres, artistas quebrados, sindicalistas cómplices y progresistas todo terreno.

La dinámica anunciadora no conoce límites; se aplauden tanto los llamados al sacrificio para honrar nuestras deudas, como el veto a la ley de bosques, el fracaso de la ley de los glaciares o el crecimiento de las reservas en el banco central. Todo se aplaude y todo se explica como si se trataran de medidas que nos llevan a la liberación nacional y social. Nada tiene descarte, desde una política que busca concentrar gran parte de la economía nacional en una rigurosa sojización, como la denuncia de que más del 40% de los trabajadores activos se encuentran en negro. La biblia y el calefón, la velocidad del tren bala y el manoteo de los fondos del Anses. Todo es popular y todo nacional.

Hasta el avance inflacionario, que reduce los salarios al costo de una garrafa de 10 kg, es considerado por los capitostes de las centrales obreras (en este caso Moyano) como un mecanismo genial para el despegue económico.

El capitalismo argentino está en su salsa, con una inflación que va del 27 al 30% anual y los salarios deprimidos, la tasa de ganancia no hace más que crecer; la presidenta los llama a reflexionar sobre esto. Los trabajadores por su parte también deben reflexionar sobre esto.

La acumulación de reservas, pese a la pose infantil de quien recurre a la comparación con ahorro familiar, tienen para el kirchnerismo el poder de convertibilidad que le permite mantener el dólar cercano a los 4 pesos, las reservas se mueven dentro de un delicado equilibrio que intenta beneficiar tanto a los capitalistas que lucran con la exportación, como a los importadores que compensan sus gastos con enormes subsidios estatales.

Las reservas del excavallista, hoy devenido popular, Buoduo, involucran la intención de un blindaje a futuro de la moneda y una garantía, de que en caso de que se descargue una crisis devaluatoria del peso, las finanzas de las empresas tiene la indemnidad de la conversión, de paso, les permiten la fuga de capitales al exterior sin temer que se dispare el dólar y que el remedio de evaporación de ganancias a las metrópolis no sea peor que la enfermedad hiperinflacionaria periférica.

Los “ahorros nacionales” cumplen una función devaluatoria del peso, es decir inflacionaria y expropiatoria del salario. Cuando los escribas progresistas, y no tanto, del kirchnerismo en su mítica lucha contra la derecha restauracionista, explican que la diferencia es entre pagar con reservas, como quieren ellos, o con ajuste como quiere la derecha, desechan que una, y la principal fuente de ajuste, es la inflación que corroe los salarios obreros y empobrece a los sectores medios. No hay nada de popular en la acumulación de reservas como tampoco lo hay en la repartija indiscriminada de los fondos del Anses.

El kirchnerismo pretende, que el eje del debate entre una política de entrega neoliberal y una política social de los “nacionales y populares” encuentre su punto crucial en definir de donde salen los fondos para pagarle a los “buitres externos”; pero lo único crucial de este debate es que todos están por pagar una deuda declarada hasta el hartazgo como fraudulenta. La política de acumulación de reservas es procapitalista, por su carácter devaluatorio en detrimento de los salarios obreros y proimperialista por constituirse como reservas de pago de la deuda externa. ¿Que aplauden los nacionales y populares?

Cuando los trabajadores activos reciben descuentos previsionales en sus ajustados sueldos, los aceptan teniendo en cuenta que su vida laboral activa tiene un límite y que lo que te descuentan hoy servirá para cuando te jubiles mañana. Esa masa de dinero que recibe la Anses y que tiene como función original garantizar los salarios de los trabajadores pasivos o de sus viudas o familiares a cargo, esta siendo usada hoy como una fuente de financiamiento de crisis por parte del gobierno (esto no es kirchnerismo puro, en todo el mundo gobiernos capitalistas de distinto signo vienen haciendo lo mismo).

El kirchnerismo estatizó los fondos de la Anses para volver a privatizarlos. General Motors; Mercedes Benz, Mashu y un sinnúmero de empresarios privados se ven beneficiados con los préstamos a bajos costos de los ahorros de sus explotados. El Estado Nacional saca guita en forma indiscriminada del Anses y la cambia por bonos a tasas ridículas que desfinancian la caja. Cuando el kirchnerismo dice “los jubilados están locos si piensan que le vamos a dar el 82% y poner en riesgo la economía nacional”, no hace más que declarar su dependencia del dinero ajeno; gran parte de la solidez del sistema (“modelo”) kirchnerista se basa en la plata que aportan los trabajadores para los trabajadores.

La virtud del modelo actual se encuentra en haber ampliado el “régimen de reparto” a las empresas multinacionales, a los fondos fiduciarios que permiten a la clase media obtener plasmas a 50 cuotas, a las empresas quebradas que solicitan salvataje estatal, etc. Los kirchneristas defienden este saqueo, declarando que gracias a la intervención del estado en la Anses “los chicos pobres y sus familias reciben un subsidio universal” -que apenas alcanza a los requerimientos alimentarios mínimos de cualquier familia- y que eso debe agradecerse a la señora presidenta (Pero si el dinero que se reparte es de los trabajadores !!!).

Quizá, este sea el modelo del socialismo del siglo XXI: socializar los aportes de los trabajadores activos empobrecidos para trabajadores desocupados más empobrecidos aun; poner topes máximos a los salarios, vía impuesto a las ganancias; acumular reservas para blindar a capitalistas y seguir con los rituales de aplausos entre las eclécticas arquitecturas del salón blanco.

Cuando llegó el día del niño, le prometí a mi hija menor un juguete usando la estrategia kirchnerista. Le dije, en medio de grandes ademanes aclaratorios justificaciones nacionales y populares, “tengo tu juguete pero te lo entrego en navidad”, la estrategia fracasó y ella reclamó que el juguete fuera el domingo de agosto correspondiente.

No deja de sorprender, que los anuncios de aumentos salariales a enero del año que viene no tengan la misma repercusión entre los asalariados y que exijan los aumentos anunciados en setiembre se hagan efectivos en octubre.

Un proceso inflacionario es siempre incierto, ¿Qué pueden significar 1850 pesos en enero del 2011? Nadie lo sabe.

Aunque algunos registros entre los incrementos de precios nos dan una idea. El litro de nafta está por encima de 1,20 us$; los medicamentos han aumentado por encima del 100% si tomemos como referencia setiembre 2009; los alimentos están cada día más inalcanzables, sobre todo carnes, verduras y lácteos; los servicios de gas y luz traen aumentos que harán colapsar al sistema económico familiar.

De todas maneras la presidenta declaró, entre Tomada y Moyano, que este aumento (“este aumento… nada, nos deja conformes a todos”) que alcanza a algo más de 250 mil trabajadores no debería tener efectos inflacionarios “ya que se realiza sobre la base de cálculos genuinos y no involucra nueva emisión monetaria”, neoliberalismo puro.

La presidenta acusa a los aumentos salariales de ser los responsables de la inflación como en las mejores épocas de los ´90 y los ilustres centroizquierdistas que la acompañan en los rituales aplauden como si 100 $ de aumento, a enero del año que viene, significaran un reconocimiento histórico “del capital al trabajo”.

Seguirán los rituales adornados de marcha y aplausos. Se festejarán los anuncios económicos como un avance contra la derecha restauracionista. Se condenará el reclamo de los jubilados, como un reclamo de dementes y todo esto se adornará con mesas de vino a un costo de 150$ la botella; apenas un poco más que el aumento al mínimo anunciado para enero de 2011.

Como no van a aplaudir los que están invitados a la fiesta.

Daniel Cadabón
Especial para Salta Libre.

El dinero del Estado que sostiene a la Iglesia Católica

Gabriel Michi — 2010-08-17T22:53:03Z

Tras el embate de la Iglesia Católica contra las decisiones del Estado, la investigación del periodista Gabriel Michi publicada en su blog Secreto Cero, anticipa la nueva "guerra santa" que se viene en Argentina. Este periodista revela aquí cuanto dinero recibe de las arcas públicas para el "sostenimiento" de este culto. Los increíbles sueldos y jubilaciones de los obispos. Y la fortuna que se les otorga a los colegios confesionales.

La guerra estaba desatada. Y, se sabe, en la guerra se puede ganar o perder, pero siempre se pierde. En la puja que se desató por meses en la Argentina por el proyecto –hoy Ley- de Matrimonio Igualitario, que habilitó la posibilidad de que las personas del mismo género se puedan casar, la Iglesia Católica junto a otros credos y sectores afines desataron toda su artillería para frenar la iniciativa.

Campañas mediáticas, lobby sobre legisladores y funcionarios, amenazas de infiernos y castigos endemoniados, convocatorias a multitudinarias marchas, amnistía para los estudiantes que faltasen a sus horas de clase en favor de la embestida celestial, recolección de firmas por doquier. Todo estuvo bendecido para poder frenar esa “intención diabólica”.

Y allí, con una Iglesia dispuesta a legislar sobre todos, los que profesan una fe religiosa y los que no, la pregunta que volvió casi con irreverencia fue: ¿hasta donde hay una verdadera separación entre Iglesia y Estado? ¿Tiene derecho la Iglesia a promulgar leyes? ¿Todos son ciudadanos o sólo aquellos que profesan su religión?


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Entonces, el camino llevó a la Constitución Nacional. Pese a las reformas y aún habiendo sido sancionada su última versión hace apenas 16 años (en 1994) conserva imperturbable su Artículo 2: “El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. Así de simple y escueto. Contundente y no tanto. Porque ¿Qué quiere decirse con “sostiene”? ¿Cuál es el alcance de eso?

Remitiéndose a la historia, este privilegio que tiene la Iglesia Católica en la Argentina surge –no sólo de importación llegada desde España en época de la conquista- de aquella decisión de Bernardino Rivadavia -en 1822- de expropiarle los bienes al Clero. A partir de allí, el Estado argentino quedó prendado hasta hoy. La contraprestación fue ese sostenimiento perpetuo.

Cuanto paga el Estado

Hoy el Estado nacional aporta unos 34 millones de pesos por año a la Iglesia Católica. Con ello paga los sueldos de Obispos titulares, auxiliares y eméritos, asignaciones para seminaristas mayores, parroquias de frontera y jubilaciones de sacerdotes, entre otros rubros. Para tomar un ejemplo: según la Ley 21.950 –del gobierno de la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla- un obispo recibe un salario del Estado equivalente al 80% de la remuneración de un juez de primera instancia. Hoy esa ecuación arroja un guarismo de entre 12 mil y 13 mil pesos mensuales, aunque desde organismos oficiales aseguran que los sueldos de los obispos no sobrepasan los 8.000.

Cuando se jubilan, más allá de que no haya aportes previsionales, reciben un ingreso equivalente al 70% del sueldo del Presidente de la Nación (unos 16.300 pesos). Eso –previsto por otra Ley de Videla, la 21.540- equivale hoy a los 11.400 pesos. O sea que un obispo recibe el monto de 12 jubilaciones mínimas (895 pesos). Es decir, la supervivencia de una docena de jubilados. Estos dineros los percibe exclusivamente el culto católico, quedando fuera de ese beneficio el resto de los credos.

En un minucioso arsenal de defensa frente a este tema tan conflictivo y terrenal, la Conferencia Episcopal Argentina (a través de un programa denominado Compartir –www.compartir.com.ar-) sostuvo que “el aporte del Estado representa menos del 7% de los ingresos que tiene la Iglesia Argentina”. Si se toma como cierto este porcentaje –sostenido por la propia institución- el presupuesto que manejaría la Iglesia Católica argentina ascendería a 457.142.857 pesos anuales. Pero ese es otro tema.

Lo concreto es que además de los recursos que la “religión oficial” recibe en forma directa del Estado, están aquellos que se deducen en forma indirecta: la Iglesia no paga ni impuestos inmobiliarios, ni Impuesto a las Ganancias, aunque sí los abona los servicios (luz, gas, teléfono). Estos beneficios sí alcanzan a otros cultos.

Más plata

Estos recursos son nada si se los compara con que el Estado destina a los colegios confesionales. Según datos del Ministerio de Educación de la Nación durante el 2009 las provincias –el sistema está derivado a cada administración provincial desde los '90- destinarán a los colegios privados en materia de subisdios alrededor de 53 mil millones de pesos. Tomando como referencia que –según los presupuestos de cada una de las provincias- se destina alrededor del 13% a la educación privadas, los colegios no estatales habrían recibido de los estados provinciales la impresionante cifra de 6.900 millones de pesos (mil millones más que en 2008).


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Y si se lo proyecta a este 2010 en curso, donde según datos de la cartera educativa nacional, esos fondos alcanzarían los 64 mil millones de pesos destinados desde los erarios provinciales. O sea, unos 8.770 millones de pesos irán para la educación privada. Allí se incluyen los 450 millones de pesos que van a ese sector de los 3.000 millones de pesos que el Estado nacional gira a las provincias por el Fondo de incentivo Docente y compensaciones salariales para llegar al mínimo establecido desde la Nación.

¿Cuánto de ese dinero va a la educación confesional? Esa es la pregunta del millón. O de los miles de millones. No hay cifras claras. Pero sí se pueden hacer algunas deducciones. Según datos de 2008 suministrados por el Ministerio de Educación nacional, en el país hay 9.114 colegios privados. De esos, 3.638 son confesionales (incluye todos las religiones, aunque la mayoría son católicos), 3.220 no confesionales y 2.256 aparecen sin especificar. Si se toma la proporción que se da entre los que sí están identificados, entonces alrededor del 53% de los colegios privados serían confesionales. O sea, poco más de la mitad.

Tomando esas estimaciones, los colegios religiosos de la Argentina recibirían este año alrededor de 4.648 millones de pesos. Cifra que pagarán todos los argentinos, los religiosos y los que no lo son. Los que envían a sus hijos a colegios privados o públicos. Los ricos y los pobres.

Todos los argentinos pagándole a las escuelas religiosas el equivalente a 5.193.296 jubilaciones mínimas, o 25.822.000 asignaciones universales por hijo.

Suficiente dinero para armarse contra las políticas más endemoniadas. Poder para hacer campañas mediáticas, lobby sobre legisladores y funcionarios, recolecciones de firmas por todo el país, llevar estudiantes a la convocatoria santificadora. Lo que sea. Poder real y poder simbólico. Todo un arsenal.

Investigación de Gabriel Michi
Publicado el miércoles 21 de julio de 2010
en su blog "Secreto Cero"
Mail: secretocero@gmail.com.

Equilibrio

Nélson Francisco Muloni — 2010-08-16T23:27:00Z


Jueces cuestionados

La noción de “equilibrio”, en términos físicos, está perfectamente definida y comprobada. Hay también conceptos económicos (de los que nos ahítan los poderosos con sus “equilibrios financieros”) y hasta emocionales y/o psíquicos, cuya escasez va afectando cada vez con mayor acrecencia a una sociedad que, como la argentina, anda más en el balanceo de la conveniencia propia o, lisa y llanamente, en el descuajeringue total.

Pero existe otro equilibrio (y su consecuente estado reactivo, el “desequilibrio”) que tiene que ver con los modos y la moral de cada persona lo que lleva a conformar un “equilibrio social” que, cuando está ausente, deviene en una forma que cada vez más, tiene la tangencia de lo cotidiano: la “injusticia”.

Porque, en estos términos, lo equilibrado es lo “justo”, que no debe ser confundido con la palabra “igual” que, socialmente, tiene otra significación. Lo justo, a veces, no es lo “igualitario” sino lo “equilibrado”. Siempre sostuve, y lo reitero, que la Justicia, entonces, es el primer factor de equilibrio social.

El periodista José Acho, editor del sitio Salta Libre, (Ver: La Corte revocó un fallo propio y volvió a condenar a un periodista) ha vuelto a ser víctima de la misma injusticia, condenado dos veces por el mismo (supuesto) delito. Es decir, la Justicia ha dejado de cumplir su papel de factor de equilibrio para convertirse en otro de desequilibrada justificación de la más pedestre excusa: la equivocación.


Nélson Francisco Muloni

No se subsana un error con otro error, como ha hecho la Corte de Justicia de Salta, al “corregir” un fallo errado que ratificaba una condena del juez Marcelo Torres Gálvez al periodista por supuestas “calumnias e injurias” contra el cantor “Chaqueño” Palavecino. Ese error de la Corte se cometió cuando ya se habían despenalizado los delitos por calumnias e injurias para casos de interés público. Es decir, los magistrados debieron haber aplicado ese principio y no ratificar el fallo del juez Torres Gálvez, hecho antes de la despenalización de tales delitos.

Reconociendo ese “error”, la Corte decidió revocar su propio fallo y, en lugar de beneficiar a quién fue objeto del desequilibrio corporativo judicial, volvió a condenar al periodista Acho aunque sólo con una multa de 12 mil pesos y no con la prisión en suspenso que cargaba el trabajador. La supuesta ley más benigna a favor del acusado, se transformó, para Acho, en una crucifixión económica.

Este ejemplo, me pareció el más adecuado para exponer como un hecho de perversión institucional determinada situación en la que los poderosos (“Chaqueño” Palavecino) vuelven a romper el equilibrio con la aquiescencia judicial que, precisamente, deja de ser aquel “primer factor de equilibrio social” que mencioné.

Días pasados, el titular de la Federación de Magistrados, Abel Fleming, se refirió a los efectos de las demoras que la Justicia imprime, sobre todo, a los hechos sociales. Para Fleming, “los hechos que aparecen flagrantes, que son interceptados por la Policía y que son la mayoría de estos casos, está claro quiénes son los culpables.

En los momentos posteriores a cometer los hechos, lo que tenemos que hacer son procedimientos diferenciados de fácil comprobación, no importa la gravedad que tenga, porque en una salidera bancaria donde la Policía detiene a los delincuentes no puede suceder que la sentencia se dicte tres años después del episodio. En 10 días la sociedad tendría que ver respuestas. Si eso ocurriera, la gente tendría mayor tolerancia”.

Y agrega: “Cuando hay flagrancia, la sociedad debe recibir la respuesta de la Justicia de manera inmediata. Entiendo la reacción de la sociedad por el miedo, pero no debemos paralizarnos, ni tampoco encarcelemos a todos el mundo o liberemos a todo el mundo irresponsablemente”. Esto es pretender, al menos, el equilibrio.

El caso por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, supone otra magnificación de la perversión judicial: nadie, en su sano juicio, podría imaginar que un caso, por escabroso que fuere, pueda demorar el tiempo que lleva éste, anegado en los despachos de jueces y defensores buscando que el meandro de esa causa sea aún mayor para deslegitimar el sentido mismo de la Justicia.

Pero, miles son los casos y las causas que crecen entre los intersticios de la Justicia que, además de inservible, está llena de especímenes más propensos a resguardarse de los intereses políticos de turno antes que de dar un algún ejemplo magnífico de equilibrio social cuando los pobres, que son pobres en serio en Salta, aguardan con los ojos expectantes de tristeza, al menos la mitigación del dolor a través del fallo justo que casi siempre, terminará demorando tanto como la profundidad de ese sufrimiento, acrecentado por el escarnio, la indignidad y la humillación de los procedimientos judiciales y los pedorreos abogadiles.

El equilibrio, no es que los jueces pongan sus traseros en las poltronas de sus despachos, pretendiendo el “igualitarismo” (todos se joroban por igual en la balanza judicial) sino en la afirmación de la sensatez y, fundamentalmente, en la convicción de que la Justicia, es, precisamente, eso: puro equilibrio.

Nelson Francisco Muloni
Periodista
Editor de www.agensur.info

Acusan a dos jueces salteños de prevaricato

2010-08-12T02:48:10Z


Posadas y Garros Martínez

El abogado del foro local Guillermo Fleming radicó denuncia penal contra los jueces de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Alberto Posadas y María Cristina Garros Martínez, presidente y vicepresidente de la Corte de Justicia. Los acusa por los presuntos delitos de prevaricato e incumplimiento a los deberes de funcionario público.

El caso se detalla ampliamente en dos sendas notas publicadas en las ediciones del martes 10 y miércoles 11 de agosto por Nuevo Diario de Salta. La acusación de prevaricato [1] contra dos altos Jueces de la Corte, forma parte de una causa en las que dirimen derechos sobre unas cien hectáreas en una zona altamente cotizada de San Lorenzo, que tiene un valor de venta de la tierra llega a setenta dólares por hectárea. Este sería el trasfondo de la disputa millonaria que lleva varios años.

La causa denominada Altos San Lorenzo SA vs Fleming Guillermo, es de larga data en el Poder Judicial. Fue resuelta en primera instancia el 31 de octubre de 2002 y luego en segunda instancia el 10 de diciembre de 2003. En la primera instancia se le daba la razón a Altos SA, mientras que en la segunda se le dio la razón a Fleming, aunque la cámara en este caso puntualizó que "hay elementos a favor de uno y de otro", por lo que no fue contundente en su resolución aunque revocara la sentencia de primera instancia", se comentó en fuentes judiciales.

La Corte de Justicia, el 5 de mayo de 2005, hizo lugar a un recurso de inconstitucionalidad y dejó sin efecto la sentencia de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Ahí es donde, según Guillermo Fleming, habría prevaricato tanto de Posadas como de Garros.

Por un análisis estrictamente jurídico se interpretaría que también estaría en prevaricato hasta la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque el 18 de julio de 2006, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó “in límine” el recurso presentado por Fleming, con lo cual la sentencia de 2005 quedó como "cosa juzgada", por lo que ya no admite más apelaciones. Fleming apeló y otra vez el expediente está en la Corte. El objetivo de Fleming sería obtener el apartamiento de los dos jueces de Corte con la intención de buscar un fallo favorable.

Juicio de escrituración

La disputa comenzó como un juicio de escrituración, porque un inversor de origen chino que quería comprar tierras en San Lorenzo para un emprendimiento, vio que no podía hacerlo porque le cobraban más dinero del correspondiente. Entonces le encargó a Fleming hacerlo, quien con la plata del chino compró y escrituró a su nombre las tierras (tres catastros), se recordó en Tribunales.

Cuando el inversor le reclamó, Fleming hizo un interlineado de la escritura, pero reservó para sí un ejemplar sin la aclaración, por lo que hay títulos contrapuestos. Mientras, Altos San Lorenzo SA, entiende que las tierras son de su propiedad e incluso realizó construcciones, Fleming sostiene que son de su propiedad. A juicio de las fuentes judiciales del Nuevo Diario, se trata de un caso de mandatario infiel, es decir la persona que no cumple con la misión asignada pese a existir un compromiso para ello.

La causa suma ya siete cuerpos por la sucesión de apelaciones. Cálculos inmobiliarios indican que en San Lorenzo las tierras cotizan a entre 50 y 70 dólares por metro cuadrado. Y la superficie reclamada es superior a las 100 hectáreas, por lo que sólo hay que multiplicar 10 mil metros por 100 por el valor por hectárea para acercarse al trasfondo de la disputa.

Incluso sostiene Fleming que el terreno del Club House de Altos de San Lorenzo sería de su propiedad si se ajusta a la escritura original, no a aquella donde él de su puño y letra habría introducido el interlineado aclarando que compraba las tierras por cuenta y orden del inversor.

Tanto Posadas como Garros Martínez ya fueron llevados en otro momento a juicio político, acción que finalmente la Cámara de Diputados rechazara por falta de pruebas.

Qué dicen los expedientes

La sentencia dictada, en la que supuestamente los jueces cometieron los ilícitos penales denunciados, se emitió en un proceso civil por escrituración en el que los términos de la discusión quedó planteado entre la posición de la actora, que se atribuye derecho a la escrituración de los inmuebles bajo el argumento de que Guillermo Fleming realizó la compra actuando como mandatario oculto de Altos San Lorenzo S.A. y la del demandado Guillermo Fleming, que sostuvo haber comprado para sí y con dinero propio.

Con fecha 5 de mayo de 2005 los jueces denunciados, integrando la Corte de Justicia de la Provincia, dictaron sentencia en la causa "Altos San Lorenzo S.A. c/ Fleming Guillermo - recurso de inconstitucionalidad", Expte. Nº CJS 26.052/04.

Dicha sentencia anuló el decisorio de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Provincia de fecha 10 de diciembre de 2.003, dictada por los jueces, Roberto G. Loutaif Ranea y Marcelo Ramón Domínguez, "basándose para ello en resoluciones contrarias a la ley (prevaricato de derecho), y en hechos falsos e inexistentes, (prevaricato de hecho), cuyo único hilo conductor entre los mismos, fue la voluntad específica de los juzgadores de favorecer a una de las partes del proceso".

La sentencia de fecha 5 de mayo de 2005 dictada por los jueces denunciados, "prescindió de prueba decisiva e invocó prueba inexistente, no existiendo ninguna duda en el último de los supuestos mencionados que la conducta desplegada resultaría típica de la figura penal del prevaricato prevista en nuestro derecho positivo, sin perjuicio que en la hipótesis que prescinde de prueba decisiva, la conducta resulta igualmente típica por tratarse de un "hecho falso".

El abogado Fleming solicita se tenga por formulada denuncia penal por la presunta comisión de los delitos de prevaricato y violación de los deberes de funcionarios públicos, en contra de Guillermo Alberto Posadas y María Cristina Garros Martínez.

También requiere que en su oportunidad, se solicite el allanamiento de la inmunidad de los acusados que actualmente se desempeñan como Jueces de la Corte de Justicia de Salta, remitiéndose a tales efectos, los antecedentes a la Cámara de Diputados de la Provincia, según lo establece la Constitución de la Provincia de Salta.

La inmunidad de los magistrados

El abogado denunciante dice que en el allanamiento de la inmunidad de los denunciados, es dable advertir que, por tratarse de Magistrados del Superior Tribunal de la Provincia, "es razonable esperar, como se esperaría de toda persona de bien, una actitud que esté a la altura de sus "cualidades personales", lo cual se corresponde con la necesidad de que toda la actividad jurisdiccional se pueda desenvolver de manera clara y transparente, de modo que ante la posible comisión de un delito nada más saludable que preservar el derecho a que se los investigue, tanto para aquellos de quienes se sospecha como para quien denuncia.

Lo expresado, no se compadece con el hecho de ampararse en los fueros para eludir investigación y responsabilidad con relación a los hechos denunciados, amparo en los fueros que se descarta en el caso de personas honorables y de bien. A tales fines solicito se requiera a los jueces denunciados, manifiesten si se ampararán en los mismos o renunciarán a la prerrogativa".

Fuente: Nuevo Diario de Salta

[1] La prevaricación es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro funcionario público haya dictado una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas que dicha resolución es injusta. Esa actuación es una manifestación de un abuso de autoridad.